Cada día son más y más claras las señales de que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas acabará en prisión.

No por las destructivas críticas que, conforme a su derecho, endereza cotidianamente al gobierno de Claudia Sheinbaum y a ella misma. Tampoco por liderar un partido que, aunque muy disminuido, es opositor. Ni siquiera por sus traicioneros viajes a Washington para solicitar la injerencia de Estados Unidos en los problemas de México.

El motejado Alito Moreno podría acabar en prisión por los latrocinios que presuntamente cometió -según acusación de la fiscalía de Campeche- cuando fue gobernador de ese estado entre 2015 y 2019, antes de que solicitara licencia para apoderarse de la dirigencia nacional del PRI y llevar al otrora partidazo a sus peores resultados electorales en 2022 y 2024.

El lunes y el martes de esta semana fueron detenidas dos personas relacionadas con las acusaciones de peculado y enriquecimiento ilícito que los fiscales anticorrupción de Campeche le han fincado a Moreno Cárdenas.

Se trata de Luis Antonio Espinosa Campos, aprehendido el 10 de agosto en la colonia Mixcoac de la CDMX y de Carlos Alberto Medina Hernández, capturado el 11 de agosto en la ciudad de Campeche.

Espinosa Campos es el contador de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano de Alito, de quien es representante legal en varias empresas de las que es socio. La fiscalía Anticorrupción de Campeche sostiene que desvió recursos públicos mediante contratos con la televisora "Mayavisión", presumiblemente una empresa fachada que fundó en 2016 y con la que se simularon pagos que fueron a parar a cuentas particulares. Se investigan pagos por 97 millones de pesos de los que al menos 36 millones carecen de evidencia documental que acredite servicios reales.

Medina Hernández era director de Comunicación Social del gobierno de Campeche, área de donde habrían salido los recursos públicos con los que se hicieron las operaciones simuladas relacionada con "Mayavisión". Esta persona sustituyó en el cargo a Walter Olivera Valladares quien ya fue vinculado a proceso por peculado y uso indebido de atribuciones por el desvío de 16 millones de pesos destinados a publicidad gubernamental.

La fiscalía de Campeche acusa al líder priista y hoy senador Alejandro Moreno Cárdenas de peculado por el probable desvío durante su gobierno de 83 y medio millones de pesos y de enriquecimiento ilícito al detectar incompatibilidad entre sus ingresos y el crecimiento de su patrimonio.

La FGR, a su vez, lo investiga por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante prestanombres y empresas fantasma, fraude fiscal y tráfico de influencias.

Desde 2022, cuando se le fincaron las primeras acusaciones, Moreno Cárdenas ha estado blindado por el fuero constitucional.

En la anterior legislatura, la sexagésima quinta, siendo él diputado, la Sección Instructora (encargada de validar un juicio político para desaforarlo y proceder penalmente contra él), estaba conformada por dos legisladores de Morena, uno del PAN y uno del PRI. El empate dos a dos en el número de votos frenó la procedencia.

En la actual, la sexagésima sexta, siendo Alito senador, Morena y su aliado el Verde han tenido mayoría de tres votos contra uno del PAN en la Sección Instructora. Sin embargo, quien la presidió todavía como diputado morenista, Hugo Erik Flores Cervantes, recurrió a todo tipo de pretextos y maniobras para no darle curso a la solicitud de juicio político.

Flores Cervantes ya renunció a Morena puesto que logró el registro provisional de un nuevo partido, PAZ, heredero de los extintos Encuentro Social y Encuentro Solidario que también él fundó.

Esto abre la puerta para que el juicio de desafuero contra el líder nacional del PRI se reactive tan pronto como en septiembre próximo con el inicio de un nuevo período ordinario de sesiones de la actual legislatura.

Dos morenistas son mencionados para presidir la Sección Instructora: el expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y el muy cercano operador político de la presidenta Sheinbaum, Alfonso Ramírez Cuéllar, ambos con la consigna de avalar la procedencia de un juicio político contra Alito, para lo cual contarán con la mayoría de tres votos, los de los dos morenistas y el del Verde.

De este último partido el integrante de la Sección Instructora es Raúl Bolaños-Cacho Cué quien según se ha dicho presidirá la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante el último año de la actual legislatura, en cumplimiento del acuerdo político de alternar esa posición cada año entre las tres principales fuerzas políticas del país.

Entre tanto, Layda Sansores, gobernadora de Campeche y pieza clave en las acusaciones contra su antecesor Moreno Cárdenas, ha causado malestar en el despacho principal del Palacio Nacional luego de que se difundieran fotografías de sus vacaciones en Madrid.

Este nuevo incumplimiento de la austeridad proclamada como principio fundacional de Morena abrió todas las opciones posibles respecto al futuro de Sansores en el contexto de los escándalos que han mermado la imagen del partido en el gobierno.