El 23 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un Consejo Asesor para la Transformación del Sector Salud, integrado por académicos del IPN, la UNAM, el Tecnológico Nacional y el CIMAT. Su encomienda es diseñar un sistema que permita rastrear cada medicamento desde el almacén hasta el paciente.

Después de años de reformas, el gobierno aún no consigue garantizar que las medicinas que compra lleguen a los pacientes. Y el desabasto persiste.

La crisis comenzó en 2019, cuando la administración anterior retiró al IMSS la compra consolidada que coordinaba desde 2013, para trasladarla a Hacienda, con el argumento de que el esquema anterior alimentaba la corrupción. Al mismo tiempo, vetó a las tres principales distribuidoras del país, señaladas por supuestas prácticas monopólicas, sin que se les acusara formalmente.

El modelo entonces vigente se desmontó antes de que existiera un reemplazo, y los años siguientes transcurrieron entre improvisaciones. El INSABI sustituyó al Seguro Popular en 2020. Tres años después fue absorbido por el IMSS-Bienestar. A finales de ese año se inauguró una "megafarmacia" diseñada para cubrir las recetas no surtidas en las clínicas, que se estimaban en 12 mil diarias. Hasta ahora, sin embargo, no se conocen resultados concretos que permitan evaluar su eficacia.

El fracaso y el costo de aquella improvisación pueden medirse en las recetas que han dejado de surtirse desde entonces. Según el colectivo Cero Desabasto, las que el IMSS dejó sin surtir pasaron de 1.47 millones en 2018 a 22 millones en 2021. Para 2024, el Instituto reportó 4.5 millones, una cifra que, pese a la mejoría, todavía triplica la de 2018. En el Hospital Central Militar, este año sólo se surten 56 de cada 100 recetas, 44% de los pacientes restantes deben comprar sus medicinas con su propio dinero.

El actual gobierno heredó la crisis, pero se ha limitado a responder con justificaciones y promesas. En abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción anuló la compra consolidada 2025-2026 tras detectar sobreprecios por unos 13 mil millones de pesos. Dos meses después, la presidenta prometió que el abasto se normalizaría en julio. En marzo de este año, el discurso oficial presumía un abasto de 97%. Este mes, el director del IMSS admitió que 6% de las recetas no se surten completas. Más recientemente, el subsecretario de Salud reconoció un desabasto de 5% y responsabilizó a los laboratorios que incumplen plazos de entrega. El tiempo pasa, las cifras cambian, pero el problema y las excusas persisten.

¿Cómo conviven porcentajes superiores a 90% con la falta de medicinas en los hospitales? Incluso asumiendo su rigor, las cifras oficiales esconden más de lo que muestran. En 2024, por ejemplo, el IMSS emitió 214.5 millones de recetas y dejó sin surtir 2.2%, un porcentaje que parece marginal hasta que se traduce a números absolutos: fueron más de cuatro millones de recetas no surtidas.

En más de una ocasión, la titular del Ejecutivo ha atribuido la insuficiencia a trámites que retienen medicamentos en los almacenes. La explicación tiene algo de mérito, la distribución sigue siendo el eslabón que ninguno de los dos gobiernos ha conseguido poner en orden; pero también omite las fallas de fondo que han contribuido a la crisis. Sobre todo, la falla de origen.

La compra consolidada para 2027-2028 ofrece una señal favorable: se adjudicaron 627 de sus 766 partidas, más de 80%, frente al 39% del ciclo anterior. No obstante, comprar a tiempo no garantiza el abasto en los hospitales. Sigue pendiente el último tramo, quizás el más importante: que los medicamentos lleguen efectivamente a los pacientes. Y esa tarea acaba de confiarse a un consejo que apenas se integra. Otra vez, las soluciones se postergan para el año que entra.

Siete años después, el gobierno sigue ofreciendo planes teóricos para resolver crisis reales que los pacientes enfrentan todos los días. Los resultados de la política de salud no se miden en contratos de compra ni en porcentajes de abasto, sino en tratamientos que los pacientes del sector público reciben sin tener que pagar por ellos, como es su derecho. Mientras la diferencia persista, el desabasto seguirá siendo el veredicto más contundente sobre la política de salud. Todo lo demás son promesas.