El discurso oficial en México insiste en que la violencia es una tormenta doméstica en vías de pacificación y que cualquier crítica exterior no es más que "politiquería e injerencismo". Sin embargo, la realidad geopolítica de 2026 cuenta otra historia. México ya no solo enfrenta la estridente retórica de Donald Trump ni los amagos de intervencionismo unilateral de Washington. Hoy, México se encuentra atrapado en una pinza legal y multilateral invisible para el ciudadano de a pie, pero peligrosa para su estabilidad internacional.

El episodio más reciente llega desde Berkeley, donde el Human Rights Center de su Universidad publicó el demoledor estudio "Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México". El reporte documenta una brutal contabilidad de 337 asesinatos de comunicadores y activistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sus autores plantean que existen elementos suficientes para que la Corte Penal Internacional (CPI) examine estos hechos como posibles crímenes de persecución. Aunque todavía no existe una investigación formal contra López Obrador, Berkeley abre una ruta para exigir responsabilidades personales, particularmente al expresidente y su equipo de vocería ya que se expone un patrón sistemático de estigmatización desde el poder, hostigamiento digital, y espionaje mediante herramientas como el malware Pegasus operado por el ejército.

Pocos días antes, resonó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el discurso de Donald Trump donde calificó a México como el "epicentro global de los cárteles", delineando las prioridades de su política exterior: fentanilo, control territorial del narcotráfico y seguridad fronteriza como asuntos no negociables. Por si aún quedaba alguna duda, el "Escudo de las Américas" -la coalición de seguridad hemisférica liderada por Estados Unidos- lo confirmó la semana pasada al margen de la cumbre en Nueva York. Quince gobiernos del continente firmaron una declaración conjunta que califica formalmente a 24 grupos criminales de la región como "organizaciones narcoterroristas". Lo verdaderamente sintomático de este nuevo bloque es que México quedó explícitamente excluido de la alianza, a pesar de que ocho de los grupos designados y sancionados con congelamiento de cuentas y restricciones migratorias son carteles netamente mexicanos.

Pero hace unos meses, el llamado de alerta ya había llegado desde el corazón institucional del continente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. A través de su Informe Especial sobre Desaparición de Personas en México, la CIDH dinamitó la narrativa de inocencia oficial al documentar la abierta aquiescencia, omisión y colusión de agentes estatales con las redes del crimen organizado. A esto se sumó la activación del Artículo 34 del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) para escalar la crisis humanitaria del país directamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, al considerar las desapariciones sistemáticas como presuntos crímenes de lesa humanidad.

Todo esto nos conduce a una pregunta inevitable: ¿por qué un país con niveles de violencia, ejecuciones e impunidad superiores a los de muchas naciones en guerra no es señalado ni sancionado unánimemente por la comunidad internacional? Hasta ahora, el Estado mexicano goza de una cómoda inmunidad gracias a un pragmatismo geopolítico profundamente cínico. A nivel macroeconómico, los flujos comerciales del T-MEC vuelven a México un socio demasiado valioso en la cadena de suministro global. Es decir, mientras las mercancías sigan fluyendo hacia el norte el mundo parece dispuesto a tolerar la violencia. En el plano político, el control migratorio opera como la moneda de cambio perfecta: Washington modera sus reclamos porque necesita que las fuerzas federales mexicanas funcionen como muro de contención. Hacia el interior, la popularidad de Claudia Sheinbaum anestesia el impacto; lo que permite que cada reporte internacional sea empaquetado por el aparato oficial y asimilado por su base como una "intromisión colonialista".

Pero este equilibrio podría romperse si la discusión sobre los cárteles mexicanos llega al Consejo de Seguridad de la ONU. El debate internacional sobre la expansión del crimen organizado en México y su amenaza para la seguridad global cobra cada vez mayor relevancia. Y el andamiaje jurídico e institucional que se construye en Ginebra, Washington y Nueva York no es decorativo. México ha logrado que su violencia conviva con su importancia económica y estratégica para las potencias. Pero esa tolerancia parece tener fecha de caducidad. Y la anestesia reputacional de México también. Tercera llamada.