Una huerta, una tierra labrada, los árboles que tardan años en crecer no pueden ser trasladados, permanecen anclados a la tierra. Si aparece un grupo criminal para exigir una cuota, el productor no puede llevarse su negocio a otro lado. Sus opciones se acotan a pagar, denunciar cuando existen condiciones de confianza, arriesgarse o, de plano, dejar de trabajar. Un estudio de Juan Carlos Angulo, académico de la Universidad Iberoamericana, ayuda a dimensionar esta realidad. Tras analizar información municipal de 2011 a 2024, encontró que en la producción de aguacate ha aumentado el 59% de casos de extorsión. La ENVIPE señala que hay un 30% más de víctimas de este delito.

Esto no significa que cultivar aguacate genere delincuencia. Significa que una actividad legal, rentable y difícil de trasladar a otro sitio, lo que ofrece al crimen una fuente estable de ingresos. Donde el Estado no protege, el éxito económico se convierte en una oportunidad para la extracción criminal.

Los productores son las primeras víctimas, pero no las únicas. El impuesto criminal recorre toda la cadena: se cobra por sembrar, cosechar, empacar, transportar o vender. Además, altera la economía local. Los delincuentes deciden a quién se compra, quién puede vender y cuánto cuesta un producto. Ya no sólo extorsionan el mercado, sino que comienzan a gobernarlo.

El problema es mayor de lo que muestran las carpetas. Según la ENVIPE, en 2025 el 97.5 por ciento de las extorsiones no se denunció o no derivó en una investigación. ¿Cómo combatir aquello que casi siempre permanece fuera del conocimiento de la autoridad?

Los gobiernos federal y estatales han realizado operativos y reportaron 2 mil detenciones por extorsión en 29 estados entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Esto debe reconocerse, pero capturar cobradores no basta para desmantelar el sistema que les permite operar.

En 2025, las autoridades del Estado de México presentaron la llamada Operación Liberación como "innovadora y contundente" y aseguraron haber desarticulado 52 establecimientos vinculados con actividades criminales. Sin embargo, habitantes de Valle de Bravo con quienes hablo me cuentan que, en menos de ocho semanas, las redes se reorganizaron.

La principal queja es el control criminal de los materiales de construcción. Según testimonios, quien construye o repara una casa paga alrededor de 25 por ciento más y no puede traerlos de Toluca pues se arriesga a que le quemen el camión. También pagan más por alimentos como el pollo, algo tan habitual que comienza a parecer normal. Quizá eso sea lo más grave, la extorsión se volvió parte de la vida cotidiana. Por eso el éxito de una operación no debería medirse en detenidos o establecimientos asegurados. La verdadera prueba es si meses después una familia puede elegir dónde comprar materiales, construir su casa sin pedir permiso al crimen y pagar el precio de mercado.

Las autoridades deben investigar quién aporta información sobre productores, constructores y comercios; quién impone proveedores, quién lava el dinero, qué policías protegen las redes, y qué funcionarios están coludidos o miran a otro lado. La investigación debe recorrer toda la cadena.

Cuando el crimen decide quién vende, quién compra y a qué precio, no estamos solamente ante una falla policial, sino ante una forma de captura territorial.

El Estado cobra impuestos porque debe ofrecer seguridad y condiciones para trabajar. El crimen cobra porque el Estado incumple esa obligación. Cuando ambos cobros conviven, los ciudadanos pagan dos veces: una para sostener al gobierno y otra para sobrevivir a su ausencia. a cosecha pertenece a quienes trabajan la tierra. Las familias deben poder construir una casa o comprar alimentos sin pagar un impuesto criminal. Recuperar la vida económica de nuestras comunidades debe ser una prioridad nacional, no sólo un discurso.