"Es mejor arriesgarse a salvar a un culpable que condenar a un inocente"

Voltaire

Dice la ley que para todo acusado debe existir el principio de "presunción de inocencia" y a partir de ese criterio, tomando en consideración las pruebas que presenten los acusadores y la veracidad de las mismas, así como aquellas que en su descargo haga llegar el acusado, el juzgador deberá normar su criterio y emitir su veredicto.

Sin embargo en este México-Mágico desde hace mucho tiempo el principio funciona a la inversa, sobre todo cuando la acusación es conocida a través de los medios de comunicación y entonces para todo acusado existe la presunción de culpabilidad y será culpable hasta en tanto no demuestre su inocencia.

No hay pruebas, no hay juicio, no hay explicaciones, simple y sencillamente un señalamiento público que bien puede estar sustentado en una investigación "seria" (esas nunca existen, sólo llegan datos en un sobre cerrado y anónimo -si tú, cómo no- con las evidencias de un escándalo) o llegar al extremo de que todo el argüende se base en una filtración, una de esas versiones en las que "fuentes allegadas al caso" dan datos, cifras, números, fechas, pormenores y te explican cómo estuvo todo el teje-maneje del trinquete.

Pero insisto, no hay una investigación como tal, hay un señalamiento de una posible actitud o acción que pudiese ser considerada fuera de la ley, pero que no está probada ante una autoridad aún.

Recordemos que "no todo lo que brilla es oro" y que en una cantidad increíble de ocasiones un acusado que ya ha sido apresado, es liberado al detectar errores en la integración de su carpeta o por fallas de procedimiento, eso sin contar que en múltiples ocasiones las acusaciones no soportan una revisión mínima.

Más allá de los escándalos, en esto existen dos grandes temas. El primero, la escala de valores invertida en la que vivimos y en la que nos parece normal que cualquiera sea considera culpable hasta en tanto no demuestre su inocencia.

Y, dos, hemos normalizado que los funcionarios públicos y los políticos roben dinero a manos llenas sin ser castigados o sin reparar los daños que causan.

Ambas situaciones están mal y nos deberían existir en una sociedad moderna. Deberíamos poder confiar en los funcionarios públicos que elegimos para ocupar puestos y confiar además en aquellos que han sido designados por nuestros elegidos, como una extensión de nuestra propia decisión.

Debería por tanto existir un principio de corresponsabilidad cuando un funcionario menor comete un acto indebido y dentro de las sanciones y castigos debería penalizarse también a los  funcionarios que están por encima de él, hasta llegar al más alto, a ver si así le ponen atención e interés a las cosas que ocurren con nuestro dinero.

El servicio público debería ser un orgullo y no, como alguna vez me dijeron en broma: "Revisa bien tu nombramiento, a ver si por la parte de atrás no trae una Orden de Aprehensión".