La independencia judicial en México está recibiendo un golpe tras otro.

Primero fue la reforma judicial de 2024, que provocó la salida anticipada de cientos de jueces y magistrados, bajo un discurso de corrupción y nepotismo, sin que se demostrara individualmente que fueran responsables de esas conductas.

Después vino la reforma al artículo 107 de la Constitución, que prohibió promover amparos contra reformas constitucionales. Con ello se debilitó la posibilidad de que el Poder Judicial actúe como contrapeso cuando una mayoría política modifica la Constitución para limitar derechos.

Ahora tenemos un tercer golpe: la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial en el caso del juez Sergio Sigales.

¿De qué se acusa a este juez?

No se le sancionó por recibir dinero, por corrupción o por nepotismo. Se le cuestiona por el criterio jurídico que utilizó para reducir algunas penas de prisión en procedimientos abreviados.

El juez consideró que debía revisar las penas propuestas por la Fiscalía para evitar posibles abusos. Su postura se apoyó en la Constitución y en su interpretación de las normas aplicables.

El Tribunal de Disciplina, en cambio, consideró que había actuado incorrectamente y decidió destituirlo e inhabilitarlo por un año, mediante una resolución que todavía puede ser revisada por su Pleno.

Aquí está el verdadero problema: ¿puede un juez perder su cargo por sostener un criterio jurídico distinto al de otros juzgadores?

No estoy diciendo que los jueces nunca se equivoquen. Para corregir sus errores existen los recursos judiciales. Pero una cosa es corregir una sentencia y otra muy distinta castigar al juez por la interpretación jurídica que utilizó.

La reforma constitucional de derechos humanos de 2011 estableció que los jueces deben proteger los derechos de las personas y aplicar las normas de la manera que más favorezca su protección, dentro de sus atribuciones legales.

Pero ¿de qué sirve esa reforma si los jueces tienen miedo de aplicarla?

¿Qué juez se atreverá a resolver contra los intereses de una autoridad si sabe que puede perder su cargo, ser inhabilitado o incluso enfrentar una denuncia penal?

Y otra pregunta todavía más preocupante: ¿con qué libertad resolverá la jueza encargada del proceso penal contra Sigales, sabiendo que el propio Tribunal de Disciplina ya lo sancionó y presentó una denuncia en su contra?

No afirmo que esa jueza vaya a actuar indebidamente. Lo que preocupa es que pueda sentirse presionada por las circunstancias.

El Tribunal de Disciplina debe combatir la corrupción y las faltas graves, pero no convertirse en un instrumento para imponer criterios jurídicos mediante el miedo.

Porque entonces dejaríamos de tener jueces independientes para tener jueces preocupados por no contrariar a quienes pueden sancionarlos.

Y eso terminaría por destruir la función más importante del Poder Judicial: defender a las personas frente a los abusos del poder.

La Constitución no necesita jueces obedientes al gobierno. Necesita jueces obedientes a la Constitución.

El caso Sigales no es solamente un problema de jueces y magistrados. Es una advertencia para todos los mexicanos.

La reforma judicial de 2024 debilitó la independencia de los jueces. La reforma al artículo 107 limitó el control sobre las reformas constitucionales. Y ahora el Tribunal de Disciplina corre el riesgo de castigar a quienes se atrevan a interpretar la Constitución con independencia.

La advertencia de Eduardo J. Couture

Hace más de setenta años, el gran jurista uruguayo Eduardo J. Couture expresó una reflexión que hoy adquiere especial importancia:

"El día en que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo".

Esta frase resume perfectamente lo que está en juego.

Cuando un juez tiene miedo de perder su cargo por defender los derechos humanos, el problema no es solamente suyo. Es de todos los ciudadanos que algún día podemos necesitar que un juez nos proteja frente a una injusticia o un abuso de autoridad.

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es una garantía de los ciudadanos para que, cuando tengan que enfrentarse al poder, exista alguien capaz de defender sus derechos sin miedo a las consecuencias.

Por eso, el caso Sigales debe preocuparnos a todos.

Porque cuando los jueces tienen miedo de defender la Constitución, los ciudadanos tenemos razones para temerle al poder.

Y cuando se pierde la independencia judicial, no solamente pierden los jueces.

Perdemos todos.