Guerra con tribunales: las rutas del presidente Trump

MIAMI, EU.- Los aranceles van. Los aranceles no van. Los aranceles van. En su guerra comercial, el presidente estadounidense enfrenta un obstáculo interno: las cortes.
Mientras el mandatario defiende que sus aranceles harán ricos a los estadounidenses, éstos han recurrido a los tribunales a exponer el impacto que los gravámenes están teniendo en sus negocios. Y los tribunales comienzan a cerrar filas.
El juez Timothy C. Stanceu, del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, señaló, luego de que demandantes se quejaran de los efectos de los gravámenes impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que "la evidencia revela un daño sustancial, concreto e inmediato en sus operaciones, y no una mera disconformidad política con los decretos presidenciales". Los tres jueces del tribunal coincidieron en que la IEEPA no justifica los aranceles impuestos por Trump bajo el disfraz de urgencia nacional.
Stephen Vladeck, experto en derecho constitucional, dijo a EL UNIVERSAL que este fallo del tribunal de Comercio mostró "los límites del presidencialismo unilateral. La IEEPA fue diseñada para crisis específicas, no para imponer castigos masivos disfrazados de decretos". Su preocupación mayor, sin embargo, no es lo que ocurrió, sino lo que puede venir. "Si se permite que un presidente imponga aranceles globales alegando cualquier emergencia autodeclarada, entonces no hay límite. La legalidad será reemplazada por el instinto de poder".
La furia de Trump no se hizo esperar. Desde un mitin en Grand Rapids, Michigan, arremetió contra el Poder Judicial estadounidense. "¿Por qué vamos a obedecer a jueces que nadie eligió? Si yo gano con el voto del pueblo, mi voluntad debe prevalecer sobre burócratas sin rostro ni votos".
"Esta sola afirmación del presidente en ese mitin es suficiente para dar cuenta del enorme deseo de gobernar como un dictador, donde los otros poderes —legislativo y judicial— o no deben existir o deben estar a la orden presidencial y definitivamente así no funciona la democracia", señala a EL UNIVERSAL el politólogo Pablo Salas.
En la narrativa trumpiana, las cortes se han convertido en un obstáculo ilegítimo para el poder popular. A nivel institucional, "este discurso representa una ruptura de hecho con el sistema de pesos y contrapesos. Lo que está en disputa no es sólo la política comercial, sino el equilibrio de poderes", asegura Salas.
El origen del fallo del tribunal comercial viene de las trincheras empresariales: una coalición de pequeñas y medianas empresas estadounidenses articuladas en el consorcio National Association of U.S. Importers (NAUSI) presentó la demanda que originó el proceso de enfrentamiento que se está viviendo. Entre ellas, Brayton Components Inc., Laredo Textiles LLC y Nortech Medical Supply, que vieron sus operaciones puestas en jaque por las tarifas arancelarias unilaterales.
"Estos aranceles estaban matando lentamente a nuestras operaciones. No somos China, somos vecinos y socios", comentó a EL UNIVERSAL Alicia Hernández, empresaria texana importadora de autopartes desde Querétaro.

Plan A, B, C
Trump tiene un respiro al bloqueo de los aranceles con la decisión temporal del tribunal de Apelaciones. Si las cosas no salen como espera, tiene dos caminos jurídicos marcados: la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite imponer tarifas por motivos de seguridad nacional y la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, orientada a responder a prácticas desleales de países extranjeros. Ninguna de las dos secciones establece un límite automático de 15% ni un plazo de 150 días para los aranceles que el presidente de EU pueda imponer. Ambas leyes ofrecen al Ejecutivo facultades para aplicar tarifas comerciales, pero bajo condiciones más estructuradas que las que permite la IEEPA.
Trump podría usar también al Congreso como plataforma política y legislativa para defender o intentar reinstaurar sus aranceles, "pero el resultado dependería de una combinación de mayorías legislativas, voluntad política, presión pública y cálculo electoral", subraya Salas. Llevar el caso al Congreso "también le permitiría a Trump victimizarse frente a su base y continuar su narrativa de ´presidente bloqueado por las élites´".
Otra posibilidad que se ha contemplado es el debilitamiento presupuestario del Poder Judicial. Esta táctica puede tener efectos devastadores, limitar la capacidad operativa de los tribunales más incómodos y generar colapsos administrativos que justifiquen su posterior reestructuración.
Los demócratas, conscientes del riesgo, han acelerado su ofensiva. Además del Trade Review Act of 2025, que limitaría la duración de cualquier arancel presidencial a 60 días sin aprobación del Congreso, varios legisladores promueven la creación de un mecanismo de revisión rápida para frenar "abusos sistemáticos del poder de emergencia".