Tratado de Alta Mar: desafíos estructurales

EREVÁN, Armenia.- En el Ocean Pavillion de la COP17 , ministros, científicos y delegados celebraron el Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ), que alcanzó el umbral crítico de 60 ratificaciones y entró en vigor el 17 de enero de 2026, a la vez que se confirmaron las fechas de la primera Conferencia de las Partes (COP1 del BBNJ): del 11 al 22 de enero de 2027, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
"Parece que la entrada en vigor está generando ese impulso de multilateralismo que nos faltaba un poco en este momento. Ha sido una nota positiva en las discusiones y los países están deseosos de trabajar juntos, especialmente por el vínculo con la meta 30x30", destacó Ana Lafforgue, representante de la plataforma Ocean & Climate, aludiendo al objetivo fijado de proteger al menos 30% de la superficie terrestre y de los océanos del planeta para el año 2030.
Pero los datos imponen realismo. Las aguas internacionales abarcan 61% de la superficie del océano y cerca de 95% de su volumen planetario, pero menos de 1.5% cuenta con alguna figura de protección legal. La cuenta para la Meta 30x30 del Marco Global Kunming-Montreal es contundente: resulta biológica y geográficamente imposible proteger 30% del planeta azul si se ignora el área que cubre casi dos tercios de los mares. Sin vigilancia y reglas exigibles sobre el agua, el compromiso internacional corre el riesgo de naufragar antes de 2030.
El Tratado BBNJ ofrece, por primera vez, el andamiaje legal necesario para cerrar la brecha. Aunque, su implementación enfrenta dos obstáculos mayores. Lisa Speer, directora del Programa Internacional de Océanos del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), señala el primero: el "mosaico" fragmentado de agencias sectoriales —la pesca regulada por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), el transporte marítimo por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la minería submarina por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA)—, que habría que superar para someter la actividad humana a una evaluación ambiental integrada.
El segundo es financiero. El exministro de Medio Ambiente de Canadá y asesor de Campaign for Nature, Steven Guilbeault, recuerda que el Marco Kunming-Montreal exige movilizar 20 mil millones de dólares anuales para 2025 como escalón hacia los 30 mil millones anuales en 2030 para el Sur Global. Subraya que más de 50 países en desarrollo ya cumplieron la Meta 3 en sus aguas territoriales, mientras los países del nNorte siguen en deuda con la transferencia de recursos, una brecha aún más crítica en el mar.
México, apertura con cautela
La postura oficial de México muestra apertura al diálogo multilateral con cautela en materia de soberanía. Como explica la subsecretaria de Medio Ambiente de México, la doctora Marina Robles, la gobernanza en aguas internacionales exige reglas claras y un análisis minucioso antes de adoptar compromisos en la COP1: "Tenemos que mantener la soberanía de nuestros territorios todos y no abrir a que las decisiones de en dónde se definen áreas especiales de conservación sean definidas sin que los países estén claros".
Si bien el Artículo 5 del Tratado BBNJ establece expresamente que ninguna medida adoptada en alta mar "menoscabará los derechos, la jurisdicción o la soberanía de los Estados sobre las zonas bajo su jurisdicción nacional, incluida la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental", en la práctica a los gobiernos preocupa la colindancia y gestión de recursos compartidos.
Edith Martínez, vocera de Oceana México, señala que hay una oportunidad de que el país lidere esta iniciativa, pero primero debe dar el ejemplo: "México tiene la oportunidad de consolidarse como líder regional rumbo a la primera COP del Tratado de Alta Mar, pero ese liderazgo debe demostrarse con hechos. México no puede aspirar a liderar la agenda oceánica internacional mientras expone sus propios mares a nuevas amenazas como la explotación de hidrocarburos en aguas profundas del golfo de México".
Aludió así a que Pemex invertirá 1 billón 463 mil 759 millones de pesos en la exploración y extracción de hidrocarburos a nivel nacional hacia 2030 (lo que incluye tanto proyectos terrestres y aguas someras como en aguas profundas del golfo de México).
La encrucijada no es sólo de México: los gobiernos destinan 22 mil millones de dólares anuales a subsidios a la pesca destructiva, mientras la inversión global en protección marina apenas alcanza los mil 800 millones de dólares al año.
La primera Conferencia de las Partes, a realizarse del 11 al 22 de enero de 2027 en Nueva York, definirá si la humanidad puede gobernar ese patrimonio común.
1.5% o menos de las aguas internacionales cuenta con alguna figura de protección legal.