Discrepan por cifras de robos a transportistas

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Las agrupaciones de transportistas desestimaron las cifras oficiales sobre el robo al sector y advirtieron que la situación en las carreteras está peor que antes.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Gobernación, reporta que hubo 505 denuncias de fuero común ante el Ministerio Público por robo a transportistas en mayo pasado, y se trata del menor dato desde que comienzan los registros, a partir de 2015.
"Sin embargo, cada vez que pregunto a los transportistas que nos dan servicio, a los socios de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), nos responden que el índice de delitos continúa y que cada vez es más violento", dijo Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la ANTP.
"La estadística que señala la autoridad ahí está, no queremos decir que no es la correcta, pero aquí les estamos pidiendo revisar cómo se está catalogando cada tipo de incidencia delictiva, porque cuando hay un muerto en esta actividad, se tipifica como otro delito y no como un robo, sino como un deceso o una parte diferente al robo", indicó en el marco de la edición 25 del Foro Nacional del Transporte de Mercancías de la ANTP.
"Estamos buscando que también la tecnología que se presenta aquí pueda servir a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública, para atender las incidencias y ver cuando hay una desviación de los vehículos y que ayude también a detener a los delincuentes", agregó.
El problema del robo al transporte en carreteras ha sido una exigencia permanente del sector privado, al menos desde hace una década.
Hace cinco años, el ilícito pasó a ser delito federal y grave, con consecuencia de prisión preventiva oficiosa, pero los resultados no se vieron reflejados para los empresarios.
"Quisiera equivocarme (al decir que los registros de robos a transportistas han bajado, porque se registran como otros delitos). Simplemente pedimos trabajar conjuntamente con las autoridades para buscar de qué manera se están tipificando y señalar con claridad acciones que nos lleven a la disminución de los delitos", enfatizó Gómez.
Más violencia
Las cifras del SESNSP muestran que 90% de los delitos se realizan con uso de violencia física, verbal y armas que ponen en riesgo la vida de los operadores.
La ANTP agrupa los intereses de empresas como Bimbo, Femsa, Sigma, La Corona, Cemex, Jumex y Grupo Modelo.
El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán, tampoco cree que la movilización de productos en carreteras sea más segura.
"Si bien las estadísticas dicen que el número de incidentes ha disminuido a nivel nacional, no es una nota para la Canacar. El tema es que, para la cámara, los eventos cada vez son más violentos y atentan con la integridad de nuestros operadores, nuestros equipos y por ende en las mercancías", sostuvo.
"La estadística es una métrica, pero el tema es que nosotros hoy ya tenemos defunciones, lo que no ocurría en el pasado, porque estos personajes cada vez nos atacan con más sigilo y violencia. Hemos estado levantando la voz con las autoridades federales, estatales, municipales, no bajamos los brazos", comentó el líder de la Canacar en el foro de la ANTP.
Temor a represalias
La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes indica que 56% de las mercancías en México se mueven por carretera.
El director ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Elim Luviano Heredia, coincidió en que la problemática persiste para el transporte de personas.
"Hay algunos delitos clasificados en fuero común o federal, pero otros no se están denunciando. El tema de la seguridad en las carreteras sigue siendo una de las prioridades que debe atenderse, pues muchas veces no se denuncia por el temor a represalias y otros casos por desconocimiento de las víctimas", dijo.
Los robos afectan a las empresas en el peor de los casos por la pérdida de vidas de sus conductores, luego por la sustracción de las unidades y también por el mercado negro que se genera con los artículos sustraídos. Incentivan la impunidad al no reducirse los delitos, los productos legales se encarecen para el consumidor y hay desabasto de algunos otros, indicaron.