Aprueban diputados reforma para combatir el lavado de dinero

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, una profunda reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que busca fortalecer el marco jurídico para combatir el lavado de dinero en México.

La minuta fue avalada con carácter de "urgente resolución" por los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, lo que permitió su aprobación por la vía rápida sin un análisis previo en comisiones ordinarias. Posteriormente, el documento fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Uno de los principales cambios introducidos en esta reforma es la adición del artículo 51 Ter, que obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a elaborar y mantener actualizado un listado de personas políticamente expuestas (PEP). 

Se consideran PEP aquellos servidores públicos o figuras públicas que, por su cargo o influencia, podrían representar un mayor riesgo de corrupción o lavado de dinero.

Para alimentar este listado, todas las dependencias y entidades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tanto en el ámbito federal como local, así como organismos autónomos, fiscalías, empresas públicas del Estado, y partidos políticos, deberán proporcionar información detallada, incluyendo datos personales, documentación, imágenes y registros oficiales.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos electorales locales deberán reportar información sobre partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes, agrupaciones políticas y dirigentes.Incluso se contempla que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o sus equivalentes locales, podrán ser requeridas para entregar información sobre sindicatos y sus líderes.

El dictamen aprobado también incluye una serie de modificaciones estructurales al marco normativo vigente, entre las que destacan:Ampliación del concepto de beneficiario controlador, es decir, de la persona que realmente controla o se beneficia de una operación financiera.

Actualización de las definiciones de "relación de negocios" y "organizaciones sin fines de lucro", para alinearlas con estándares internacionales.

Ampliación de las actividades consideradas como vulnerables al lavado de dinero.

Creación de un régimen simplificado de identificación de clientes públicos.

Establecimiento de auditorías internas y externas, así como monitoreo y gestión automatizada de riesgos.

Refuerzo de la colaboración entre Hacienda y otras instituciones, como la Guardia Nacional.

Reconocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como víctima en casos de operaciones con recursos ilícitos.

Fortalecimiento del marco sancionador, con nuevas obligaciones para notarios, corredores y otros actores clave.

Actualización de valores de referencia al incorporar el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Límites y críticas

Un punto controversial de la reforma fue la eliminación, por parte del Senado, de las disposiciones relacionadas con la investigación del financiamiento al terrorismo. 

La única reserva aprobada en la Cámara Baja fue presentada por la diputada Lucía Trasviña Waldenrath (Morena), quien propuso eliminar la mención específica al financiamiento del terrorismo al considerar que ya está regulado en el Código Penal Federal y en otras leyes especializadas.

Además, algunas y algunos legisladores de oposición cuestionaron la aprobación fast track del dictamen, argumentando que una reforma de esta magnitud debía ser discutida con mayor profundidad y análisis técnico.