Detecta Conagua 52 mil concesiones irregulares

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 52 mil títulos de concesión de aguas nacionales que presentan irregularidades en su uso, informó la subdirección de Administración del Agua. 

La revisión abarcó 536 mil expedientes a nivel nacional y reveló que la extracción ilegal se realiza tanto sin título como mediante permisos otorgados para fines agrícolas que son desvirtuados para desarrollos inmobiliarios, campos de golf o balnearios.

El fraude afecta principalmente a productores agrícolas que requieren un título vigente para operar legalmente sus parcelas. 

En respuesta, el gobierno federal implementó un programa de revisión y un decreto de facilidades administrativas para que el sector campesino regularice sus concesiones de agua.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector de Administración del Agua, señaló que la investigación también contempla posibles casos de huachicoleo cometidos por figuras públicas y empresas privadas, incluidos casos emblemáticos como el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. 

Los procesos se apoyan en tecnología satelital y se transparentarán conforme avancen las investigaciones.

Por lo que los estados con mayor incidencia de extracción irregular son Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Michoacán, donde Conagua ya clausuró 256 pozos ilegales que abastecían hasta 300 pipas diarias. 

Sin embargo, hasta la fecha, se han recuperado aproximadamente 4 mil millones de metros cúbicos de agua mediante procedimientos administrativos, devoluciones voluntarias y programas de tecnificación de riego.

Según Rodríguez Alonso, la mayoría de los títulos de concesión están destinados al uso agrícola, pero un 66% ha sido desvirtuado para fines distintos. 

Además, muchos títulos carecen de vigencia, tienen coordenadas incorrectas o no han sido actualizados por los municipios, lo que motivó la apertura del decreto para su regularización.

Agregando que Conagua ha enfatizado que los usuarios son responsables de mantener actualizado el registro y el uso de sus concesiones. 

En caso de uso indebido, se inician procedimientos administrativos, clausuras de pozos y denuncias ante las fiscalías, mientras que los pequeños y medianos productores pueden regularizar sus títulos mediante un plazo de tres meses establecido por la dependencia.

El organismo hace un llamado a todos los concesionarios a ordenar sus permisos, recordando que el objetivo es garantizar el derecho humano al agua y evitar la proliferación del huachicoleo. 

"Nuestro objetivo es ordenar las concesiones y asegurar que el agua se utilice de manera legal y sostenible", concluyó Rodríguez Alonso.