Greenpeace México toma oficinas de Semarnat en Cancún

CANCÚN, QR., julio 7 (EL UNIVERSAL).- Las oficinas de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en Cancún, fueron tomadas simbólicamente por integrantes de Greenpeace México para exigir el freno a las autorizaciones ambientales otorgadas a bancos de material en la Península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo.
Esta mañana los activistas escalaron las instalaciones de la Secretaría, en la zona turística de este centro vacacional, y vaciaron un volquete con material a las puertas del edificio, para denunciar la creciente devastación de la selva, para explotar bancos de material pétreo como lo hizo Calica en la Riviera Maya.
Calica, hoy Sactun, es la filial mexicana de la empresa Vulcan Materials, que durante más de tres décadas explotó más de 2 mil hectáreas de selva en Playa del Carmen.
Durante el mandato del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno encabezó una cruzada contra la empresa, en parte, para desviar la atención de las violaciones al marco legal ambiental mexicano cometidas por su administración para sacar adelante el Tren Maya, en esta región.
Aunque en 2024 el sitio fue clausurado y decretado como Área Natural Protegida, bajo el argumento de los impactos ambientales provocados por el modelo extractivista de Vulcan, Greenpeace-México advirtió que esa devastación no ha sido detenida, ya que Semarnat continúa emitiendo permisos de impacto ambiental que reproducen y amplían esa misma lógica extractiva.
Uno de los casos señalados fue el de la empresa CEMEX, transnacional mexicana que, de acuerdo con Carlos Samayoa, coordinador de la campaña "México al grito de selva", obtuvo meses atrás la autorización para deforestar 4.5 kilómetros cuadrados, equivalentes a 650 hectáreas de selva virgen en las cercanías de Tulum.
Esa superficie representa más de la mitad de lo que fue afectado en el caso original de Cálica, subrayó.
Samayoa también denunció que empresas como Tren Maya S.A. de C.V. y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están abriendo decenas de bancos de material pétreo, conocidos localmente como sascaberas, para la construcción del megaproyecto ferroviario.
Tan solo en lo que va de 2025, señalaron, Semarnat ha publicado en su Gaceta Ecológica al menos 30 autorizaciones de este tipo, de las cuales 26 estarían vinculadas con Sedena y la obra del Tren Maya.
De acuerdo con la organización, "el modelo Cálica" ya ha sido replicado en otros puntos de la Península, con un saldo de casi 10 mil hectáreas de selva taladas y dinamitadas, sin contar la superficie afectada directamente por el trazo ferroviario, las megagranjas, la agricultura industrial o los desarrollos inmobiliarios.
El activista también alertó sobre la construcción de nuevas terminales de carga como parte del proyecto Tren Maya, lo cual implicaría deforestar cientos de hectáreas adicionales.
Tan solo en Cancún, más de 200 hectáreas se encuentran en riesgo inminente de ser talladas, advirtió.
En ese contexto, criticaron que Semarnat promueva consultas públicas mientras las autorizaciones ya han sido otorgadas y la maquinaria puede ingresar en cualquier momento.
Durante la toma pacífica de las oficinas de Semarnat, activistas de Greenpeace permanecieron en silencio, en lo alto del edificio, con pancartas en mano, lo mismo que al pie de las oficinas, con el volquete a un costado, aún pese a la lluvia registrada a ese momento.
Ahí, exigieron compromisos institucionales para impedir que este modelo de explotación continúe extendiéndose.
Samayoa indicó que la selva maya —que incluye la mayor reserva de agua subterránea del país— sigue en riesgo a pesar del reconocimiento oficial de los daños ambientales provocados por megaproyectos como el Tren Maya.
Recordó que muchas de las autorizaciones son otorgadas de forma extemporánea, cuando los bancos de materiales ya están en operación, dinámica que caracterizó al gobierno obradorista.
De este modo —expuso— los impactos del modelo extractivo, como la deforestación, el uso de dinamita, la fragmentación de ecosistemas y la posible contaminación de los acuíferos, no están siendo debidamente evaluados ni prevenidos.
Muchos de los bancos de material pétreo —alertó— son excavados incluso por debajo de los mantos freáticos, lo que podría generar contaminación de los acuíferos interconectados que abastecen tanto a los ecosistemas terrestres como marinos.
Al carecer de ríos superficiales, la Península de Yucatán depende enteramente del sistema hídrico subterráneo, de ahí la gravedad de este tipo de prácticas.
También advirtió sobre la expansión del modelo inmobiliario y turístico —incluido el modelo de negocios tipo Airbnb— como uno de los motores de deforestación y urbanización descontrolada en la región.
En ese sentido, llamó a implementar candados jurídicos y políticos que garanticen la protección integral de la selva, más allá de acciones parciales o aisladas.
Respecto al caso específico de CEMEX, Samayoa detalló que se trata de un banco de material pétreo, cuyo inicio de actividades se desconoce, pero inició antes de obtener la autorización para ingresar maquinaria.
Consideró que es urgente crear un espacio multisectorial de diálogo entre autoridades, expertos, comunidades y organizaciones defensoras del territorio, a fin de generar un plan integral para la protección de la selva.
Y planteó la urgencia de establecer corredores biológicos que reconecten áreas naturales protegidas y reservas de la biosfera, con el fin de garantizar la continuidad de las especies ante la fragmentación de sus hábitats.