Ignora México el 77.5% de recomendaciones de la CIDH

Desde 2015, el Estado mexicano ha cumplido completamente solo el 22.5% de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que 80 recomendaciones permanecen sin atender. La CIDH señala problemas graves en seguridad ciudadana, desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, y acceso a la justicia y a la información.

El informe destaca especialmente la militarización de la seguridad pública en México, en particular la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la participación continua de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, lo que contraviene las recomendaciones internacionales de limitar el papel militar en la seguridad ciudadana. 

Esto representa un retroceso significativo en el respeto a los derechos humanos. Además, la CIDH expresa preocupación por la reforma judicial en México, la falta de independencia en el sistema judicial y el debilitamiento de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

También denuncia altos niveles de violencia contra personas vulnerables, como mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas trans, así como la violencia electoral.

La Comisión también alerta sobre la debilidad institucional para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, que se aproxima a 130 mil casos. 

Señala despidos masivos en instituciones clave como la Comisión Nacional de Búsqueda y un posible debilitamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con denuncias sobre irregularidades y cierre de expedientes sin investigaciones adecuadas.

Expertos y organizaciones de derechos humanos critican la falta de respuesta del gobierno federal, señalando que las reformas recientes en materia de transparencia, justicia y seguridad afectan negativamente las libertades y derechos fundamentales. 

Alertan que México podría estar encaminándose hacia un régimen autoritario que ignora sistemáticamente las recomendaciones internacionales.

Ante este panorama, activistas y defensores hacen un llamado urgente a las autoridades mexicanas para retomar el compromiso con los estándares internacionales y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.