Refuerza Sheinbaum combate a la extorsión con nueva iniciativa legal

El combate a la extorsión, uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía y al sector productivo, será una prioridad del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta anunció el envío de una iniciativa de reformas legales para endurecer las penas, unificar la tipificación del delito y reforzar la lucha contra este crimen en todo el país.

Durante la conferencia presidencial, la consejera Jurídica, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la propuesta forma parte de una estrategia integral basada en inteligencia, coordinación y sanciones más severas.

Unificación de criterios 

y cierre de vacíos legales

La iniciativa plantea modificar el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes de Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio, estableciendo un tipo penal único que homologue las sanciones en las 32 entidades federativas. Actualmente, cada estado tipifica la extorsión de manera distinta, lo que dificulta las investigaciones y genera discrepancias legales. Con la reforma, se busca garantizar justicia para las víctimas sin importar dónde se cometa el delito.

El proyecto propone sanciones de 6 a 15 años de prisión y multas económicas significativas. Además, incluye agravantes para casos de cobro de piso, delitos desde centros penitenciarios o con participación de funcionarios públicos. La extorsión deberá perseguirse de oficio, lo que permitirá a las autoridades actuar sin que la víctima presente denuncia, rompiendo así el círculo de miedo y silencio que muchas veces rodea a las víctimas.

La iniciativa contempla sanciones más altas cuando las víctimas sean menores, migrantes o personas en situación de vulnerabilidad. También se endurecen las penas si el delito involucra funcionarios públicos o complicidad de autoridades, enviando un mensaje de cero tolerancia frente a la impunidad y corrupción.

Uno de los puntos centrales de la reforma es frenar las extorsiones desde centros penitenciarios. La propuesta establece mecanismos para rastrear y sancionar estos delitos mediante cooperación entre el sistema penitenciario, autoridades de inteligencia y policía cibernética.

La reforma eleva a rango de ley la Estrategia Nacional contra la Extorsión, combinando investigación, inteligencia y prevención. Este plan se integra a la Política de Seguridad Pública, reforzando la coordinación intergubernamental y el fortalecimiento institucional. El nuevo marco legal permitirá que dependencias federales, estatales y municipales compartan información y antecedentes penales para identificar patrones delictivos y desmantelar redes criminales. El objetivo es reducir el margen de operación de los grupos dedicados a la extorsión y garantizar respuestas rápidas y efectivas.