En los pasillos de las Secretarías de Estado y en los juzgados del país, se libra una batalla silenciosa que impacta directamente en las finanzas públicas de México.

Se trata de los juicios laborales que miles de trabajadores, despedidos de forma injustificada, han iniciado contra el gobierno federal.

El problema radica en las tácticas dilatorias que las diversas direcciones de Asuntos Jurídicos de estas dependencias utilizan como protocolo malsano para alargar los litigios por años, mala praxis que convierte a la deuda original en una bola de nieve que termina costando al erario público sumas millonarias, a menudo equiparables a los presupuestos de muchos programas sociales.

Básicamente, a las cuadrillas de abogados de los jurídicos de cada secretaría, les pagamos sueldos de nuestros impuestos, para que endeuden más al erario público y terminemos pagando también esas deudas.

Juicios laborales que podrían haberse resuelto con una cantidad justa y razonable en su momento, son alargados por años y hasta décadas, sumando al final millones de pesos que deberán ser cubiertos de nuestros impuestos. Aquí el juego, según los expertos, es echar la bola envenenada del adeudo a la siguiente administración y esa administración a la siguiente y a la siguiente.

Recuerdo cuando antes de su inhabilitación formal en 2020, la ex secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, estuvo a punto de ser removida de su cargo unos años antes, por el incumplimiento del laudo ganado por un grupo de trabajadores del INBA.

En esa ocasión, después de años de espera del pago que seguía engrosándose, cortesía de la dirección de asuntos jurídicos de esa instancia, en menos de 48 horas les fue resuelto gracias a la presión mediática.

No existen informes oficiales del endeudamiento sistemático que nos propinan estos jurídicos cada año al alargar laudos con apelaciones, no reconocimientos de antigüedad, etc.

Pero según informes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en su documento de actividades anuales que ofrecen estadísticas sobre el número de expedientes ingresados, laudos emitidos y el monto total de laudos cumplidos, en 2022-2023, se reporta que se cumplieron laudos por un valor de 494 millones de pesos.

Este tipo de cifras son una muestra del dinero que se paga, pero no representan el total de la deuda pendiente.

Los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto a situación económica y finanzas públicas se centran en la deuda pública en general (interna y externa), pero no desglosan los laudos laborales como un componente específico.

Los documentos mencionan el "gasto en protección social" o el "gasto en pensiones y jubilaciones", pero no aíslan la deuda generada por juicios laborales.

A pesar de que un trabajador haya cumplido funciones por años, algunas dependencias optan por no reconocer su estatus formal, buscando evadir la responsabilidad de una liquidación o reinstalación.

Esta negación inicial obliga al trabajador a emprender un largo y costoso camino legal para demostrar que sí existió un vínculo contractual, incluso si este se dio bajo esquemas precarios como el de honorarios.

De ahí que la estrategia de la dilación por parte de los jurídicos, basada en negar la relación laboral y apelar sin fin, se esté convirtiendo en una de las enfermedades más costosas al erario.

Una vez que un tribunal falla a favor del trabajador, las direcciones de Asuntos Jurídicos rara vez acatan la resolución de inmediato.

Amparos y apelaciones constantes. Cada recurso legal interpuesto prolonga el proceso meses o incluso años, sumando intereses, salarios caídos y actualizaciones a la deuda original.

La esperanza, según la narrativa de muchos extrabajadores y sus representantes legales, es que el litigio se extienda tanto que su resolución quede en manos de la siguiente administración.

Esta práctica irresponsable traslada la carga financiera a futuros gobiernos, creando un ciclo de deudas que nunca se salda de forma eficiente.

En este sentido, tal como lo mencionamos en este mismo espacio a principios de junio de 2025, estamos dando seguimiento con propósitos periodísticos e informativos a nuestro propio caso por el adeudo laboral que tiene la secretaría de Cultura, a cargo de Claudia Curiel de Icaza, con nosotros.

El pasado 19 de junio tuvimos la reunión en la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la representante de la Secretaría que dijo pertenecer a la Coordinación Nacional de Asuntos Laborales en el área Contencioso Laboral, todo ello para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral, en el que deben pagarme una retribución por mis veinte años de labores en dicha Secretaría, además de la reintalación de mi cargo.

Me sorprendió enterarme que no soy el único y que se tienen muchos laudos ganados a la Secretaría, algunos hasta por 12 millones de pesos, lo cual, sumándole la cantidad que a mí me adeudan y que sigue incrementándose día con día, me hizo pensar en la posibilidad, de la que actualmente la Secretaría de Cultura, a cargo de Claudia Cueriel de Icaza, podría tener adeudos derivados de juicios laborales por entre 50 y 100 millones de pesos, todo ello cortesía de la mala praxis de su dirección jurídica.

Con esa cantidad se podría cubrir el costo de muchos programas culturales.

Como ya lo comentamos la vez anterior, llevamos seis años de lucha y recordamos la indignación que nos causó cuando la primera reacción de los abogados de la Secretaría de Cultura fue intentar no reconocer mi antigüedad de 20 años de labores y ofrecerme una compensación de 20 mil pesos.

Ahora han pasado seis años desde que iniciamos juicio y como lo apuntamos, gracias al sistema de dilación el adeudo con cargo al erario se ha incrementado en casi un 30 por ciento por varios millones de pesos.

Ha transcurrido casi dos meses sin noticias y de acuerdo a la representante de la Secretaría de Cultura en el Tribunal, ya pasaron a la Secretaría de Hacienda la petición para que libere el recurso para el pago que me adeudan y también se pasó a la Secretaría de Educación Pública la solicitud para que les den la plaza para mi reinstalación.

Por este medio les pediríamos a los representantes de ambas secretarías ayudar a agilizar el proceso para que el adeudo de la Secretaría de Cultura no siga creciendo y creciendo por cada día de resolución.

Ese dinero lo pagan los impuestos de todos los mexicanos y, al menos en nuestro caso, sí nos da vergüenza que los jurídicos le hayan sumado seis años más al adeudo de 20 años que se tiene con nosotros.

Si usted, estimado lector, está en una situación parecida con la Secretaría de Cultura u otras Secretarías de estado, escríbanos y háganos saber su caso.

La acumulación de estos laudos laborales pendientes genera una deuda monumental para las finanzas públicas que en ocasiones puede ser tan grande como el presupuesto asignado a programas sociales clave. En lugar de utilizarse para infraestructura, cultura, salud o educación, ese dinero termina pagando los costos de una mala práctica administrativa y legal que ha perdurado por años.

Comencemos los mecanismos para exigir la resolución rápida, por el bien y por los impuestos de todos los mexicanos.

homerobazanuniversal@gmail.com