Prohíbe jueza federal el despliegue de la Guardia Nacional

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este viernes de forma "permanente" la decisión del presidente, Donald Trump, de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Portland, Oregon, tras concluir que la medida violaba la autoridad de las autoridades estatales y locales.

La resolución, emitida por la jueza Karin Immergut, designada por el propio Trump, pone fin a semanas de litigio sobre los límites del poder presidencial para enviar fuerzas federales a ciudades sin su consentimiento.

La jueza Immergut, dictaminó que el mandatario excedió su autoridad al intentar movilizar tropas estatales y federales para responder a las protestas contra agentes de la Patrulla Fronteriza en Portland.

"Este caso trata sobre si somos una nación de leyes constitucionales o de ley marcial", afirmó en la audiencia la abogada de la ciudad, Caroline Turco, de acuerdo con reportes de la televisión local.

La magistrada había emitido dos órdenes temporales a principios de mes: una que impedía a Trump desplegar la Guardia Nacional de Oregon y otra más amplia que bloqueaba el envío de fuerzas desde otros estados, como California o Texas.

Con la decisión de este viernes, esas medidas se vuelven permanentes, aunque la Casa Blanca anticipó que apelará la sentencia, que podría llegar hasta el Tribunal Supremo.

El Gobierno defendió que actuaba para "proteger activos y personal federal tras disturbios violentos", mientras que las autoridades locales sostienen que la violencia fue limitada y controlada por la policía de Portland.

Desde agosto, Trump ha enviado miles de tropas de la Guardia Nacional, así como cientos de agentes de distintas dependencias federales a ciudades gobernadas por autoridades demócratas, como Chicago, bajo la justificación de "crimen fuera de control" y priorizando operativos de redadas contra migrantes indocumentados, generando confrontaciones y manifestaciones masivas.

La decisión judicial fue celebrada por organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos, quienes la consideraron una victoria para el federalismo y la separación de poderes. 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) destacó que el fallo "restaura un equilibrio necesario entre la autoridad estatal y el poder federal", al tiempo que protege a los ciudadanos del uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno central.

Por su parte, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, declaró que la sentencia confirma lo que su administración había sostenido desde el inicio: que la seguridad pública es competencia de los gobiernos locales.