Aprueba Jueza federal usar la Ley de enemigos

El fallo de la jueza de distrito Stephanie Haines en Pensilvania aparentemente representaría la primera vez que un magistrado federal aprueba la proclamación de Trump en la que se califica al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, y su invocación de esta ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a personas etiquetadas de pertenecer a la pandilla.

El mismo martes, otro juez federal del distrito occidental de Texas prohibió temporalmente al gobierno de Trump usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar personas en esa región. Al menos otros tres jueces federales han dicho que el mandatario estaba usando indebidamente la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones de personas que, según el gobierno, pertenecen a la pandilla venezolana.

Haines, quien fue designada al cargo por Trump, también señaló que el gobierno no ha dado suficiente tiempo a las personas que enfrentan la deportación en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. La jueza le ordenó al gobierno presentar un aviso con al menos 21 días de antelación, mucho más tiempo que las 12 horas que se han dado en algunos de los casos.

 "Al abordar estas cuestiones, el tribunal comienza enfatizando las preguntas que no está resolviendo en este momento".

El fallo no aborda si el gobierno puede deportar a personas en aplicación de otras leyes de inmigración, ni si Trump puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar del país a personas que simplemente migraron hacia Estados Unidos y que no pertenecen a una organización terrorista extranjera, escribió Haines. Tampoco se pronunció sobre si la ley permite que se deporte a personas sospechosas de pertenecer a otros grupos delictivos.

Pero sí dijo que se puede emplear la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a ciudadanos venezolanos que tengan al menos 14 años de edad, que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y que sean miembros del Tren de Aragua.

"Habiendo hecho su trabajo, el tribunal ahora deja a los ramas políticas del gobierno y, en última instancia, a las personas que eligen a esos individuos, la decisión de si las leyes y quienes las ejecutan continúan reflejando su voluntad", escribió Haines.