Demandan fiscales a Trump por recortes

Una coalición de veintiún fiscales generales de Estados Unidos, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó el viernes 4 de abril una demanda contra la administración del presidente Donald Trump por eliminar agencias federales que financian bibliotecas, museos y empresas de minorías. 

La demanda acusa al gobierno de "desmantelar" instituciones clave para el acceso público a la cultura y la educación.

"Las agencias que intentan desmantelar proporcionan fondos para ayudar a empresas propiedad de miembros de alguna minoría y también garantizan que nuestras bibliotecas y museos públicos permanezcan abiertos", declaró James en un comunicado. 

La fiscal subrayó que estos centros son esenciales para el aprendizaje permanente de los niños y el fortalecimiento de las comunidades.

El conflicto se originó en marzo, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para suprimir tres agencias federales, entre ellas el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), como parte de un ambicioso plan de recortes liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por el empresario Elon Musk. 

Según los fiscales, estas agencias canalizan cientos de millones de dólares hacia programas culturales y educativos.

En 2024, el IMLS distribuyó más de 180 millones de dólares a bibliotecas en todo el país. 

Tan solo el estado de Nueva York recibió más de 8 millones de dólares que se destinaron a programas de alfabetización, capacitación de personal bibliotecario, mejora del acceso a internet y pagos salariales, de acuerdo con la demanda.

Los fiscales sostienen que la orden ejecutiva de Trump es inconstitucional, ya que ignora la Ley de Procedimiento Administrativo y elimina programas sin seguir los mecanismos legales establecidos para modificar o suprimir fuentes de financiamiento federal aprobadas por el Congreso.

La demanda también denuncia que estas decisiones pondrían en riesgo el acceso gratuito a la información y el conocimiento, y afectarían especialmente a comunidades vulnerables. Según los demandantes, más de 200,000 trabajadores de bibliotecas en Nueva York recibieron capacitación gracias a estos fondos, y dos tercios del personal de la Biblioteca Estatal dependen directamente de ellos.

Además de Nueva York, los fiscales generales de Rhode Island y Hawái lideran la demanda, que cuenta con el respaldo de representantes de otros 18 estados, incluidos California, Massachusetts, Illinois y Washington.