Designa Costa Rica como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

El gobierno de Costa Rica, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, designó el miércoles como organizaciones terroristas a la guardia islámica de Irán, al grupo proiraní en Líbano Hezbolá y a Hamás, que gobierna la Franja de Gaza.

La medida, que abarca también a Ansar Alá (movimiento político de los rebeldes hutíes de Yemen), busca intensificar los controles migratorios para proteger al país frente a organizaciones que "comportan riesgos a la seguridad internacional", dijo el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

"A partir de ahora, los mecanismos de seguridad costarricenses, en acompañamiento y trabajo conjunto con socios internacionales, vamos a elevar las barreras de seguridad de nuestro país ante la acción de posibles miembros de estos grupos que se muevan por el hemisferio occidental", señaló el ministro junto al presidente Rodrigo Chaves.

Costa Rica sigue así los pasos del gobierno del presidente argentino Javier Milei, otro aliado de Trump, que el pasado 31 de marzo declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el ejército ideológico del país en guerra con Estados Unidos e Israel.

Chaves estrechó los vínculos con Trump al sumar a Costa Rica al llamado "Escudo de las Américas", un grupo de países latinoamericanos alineados con el republicano para atacar a narcotraficantes con fuerza militar.

Las dos naciones firmaron luego un acuerdo mediante el cual Washington podrá deportar a Costa Rica a unos 25 migrantes de terceros países por semana.

Analistas señalan que esta decisión podría reforzar la cooperación en materia de inteligencia y seguridad con Estados Unidos y otros aliados regionales, especialmente en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y de preocupación por la expansión de redes internacionales vinculadas al financiamiento ilícito. Asimismo, advierten que la medida podría tener implicaciones diplomáticas en la relación de Costa Rica con países que mantienen vínculos con Irán.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos han llamado a vigilar la aplicación de estas disposiciones para evitar posibles afectaciones a migrantes o solicitantes de asilo, subrayando la importancia de garantizar que los controles se realicen conforme al derecho internacional y respetando los compromisos humanitarios del país.