Enfrenta Peña juicio político por crisis bancaria en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta un juicio político de destitución en el Senado tras el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos, en medio de una profunda crisis financiera y masivas protestas en el país.

Peña, de 47 años y aliado de Washington, anunció su renuncia este jueves después de perder el respaldo de su propio partido en el Congreso. Sin embargo, el Legislativo dejó en suspenso su dimisión, por lo que permanece provisionalmente en el cargo mientras avanza el proceso político en su contra.

El juicio político está previsto para comenzar este viernes a las 10:00 horas locales. Mientras tanto, miles de personas salieron por tercera noche consecutiva a las calles de Asunción y otras ciudades para exigir la devolución de su dinero y reclamar responsabilidades al mandatario.

El colapso de Ueno Bank, uno de los principales bancos del país y el mayor del sector digital, provocó el congelamiento de los depósitos de casi tres millones de clientes, cifra equivalente a cerca de la mitad de la población paraguaya. También quedaron inmovilizados recursos de organismos públicos, entre ellos el Instituto de Previsión Social.

Durante las manifestaciones, unos cinco mil inconformes se concentraron frente al Congreso con pancartas contra el gobierno y exigieron que Peña enfrente la justicia. Las protestas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los participantes.

La renuncia presidencial fue anunciada mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que Peña pidió disculpas a la población si había cometido errores durante su gestión. Poco después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar un juicio político en su contra y descartó abrir un procedimiento similar contra el vicepresidente Pedro Alliana.

La oposición busca que el mandatario permanezca en el cargo durante el proceso para impedir que, mediante la aceptación de su renuncia, pueda evadir eventuales responsabilidades penales. En contraste, sectores oficialistas pretendían aceptar su dimisión para facilitar la llegada de Alliana a la Presidencia.