Asegura FGJ que operaciones estatales que resolvió son distintas

La revisión de las operaciones financieras señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las que se advierten posibles triangulaciones de recursos públicos hacia un despacho relacionado con el Gobernador Samuel García, no forman parte de las investigaciones que anteriormente resolvió la Fiscalía General de Nuevo León, aseguró su titular, Javier Flores.

El funcionario sostuvo que los procedimientos ministeriales realizados en su momento tuvieron un objeto distinto y que las decisiones de no ejercer acción penal respondieron a la falta de elementos suficientes para acreditar posibles delitos.

La postura surge luego de que la Auditoría federal documentara movimientos millonarios de dinero público que terminaron en Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho vinculado a Samuel García y a su padre, Samuel García Mascorro.

Entre las operaciones observadas destaca el traslado de 202.9 millones de pesos mediante una cadena de transferencias entre empresas que previamente recibieron recursos de la Administración estatal.

Ante la posibilidad de que estos movimientos ya hubieran sido revisados por las autoridades estatales, Flores marcó distancia entre los expedientes anteriores y las irregularidades ahora reportadas por el órgano fiscalizador.

El Fiscal afirmó que las carpetas que estuvieron bajo análisis de la Fiscalía General fueron resueltas conforme a las evidencias que se tenían disponibles, por lo que rechazó que existieran elementos suficientes para proceder.

También señaló que los asuntos investigados anteriormente estaban relacionados con cuestiones personales y de promoción, situaciones que, dijo, no comprendían necesariamente las operaciones financieras descritas en las auditorías federales.

Aun cuando existen coincidencias entre algunos de los movimientos observados y expedientes que ya fueron cerrados por la autoridad estatal, Flores aseguró que se trata de hechos que deben analizarse por separado.

El titular de la Fiscalía agregó que no ha recibido oficialmente el oficio de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que su conocimiento de las nuevas observaciones se limita a la información que ha circulado públicamente.

La responsabilidad de revisar estos señalamientos, indicó, corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Estatal, instancia que cuenta con autonomía para desarrollar sus investigaciones, pese a formar parte de la estructura de la Fiscalía General.