Pide GLMC investigar presuntas presiones sobre la Auditoría Superior

Ante el riesgo de posibles intervenciones externas en la revisión de las cuentas públicas, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local solicitó investigar presuntas presiones sobre la Auditoría Superior del Estado (ASE) y garantizar la imparcialidad de los informes correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

La coordinadora de la fracción emecista, Sandra Pámanes, advirtió que existen señalamientos sobre posibles intervenciones de funcionarios de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera en los trabajos de fiscalización, por lo que consideró necesario esclarecer los hechos y proteger la autonomía del órgano auditor.

La legisladora señaló al titular de dicha Fiscalía, José Adán Náñez Balderas, a quien relacionó con presuntas visitas e intervenciones durante el proceso de revisión de las cuentas públicas.

Ante ello, Movimiento Ciudadano presentó un exhorto para que se investiguen los señalamientos y se determine si existieron presiones o intromisiones ajenas a las atribuciones de la Auditoría.

"Se quebranta la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior del Estado al permitir que funcionarios de una institución dedicada a la procuración de justicia intervengan de manera previa y extralegal en la fase de auditoría y elaboración de informes técnicos", expresó Pámanes.

Entre las solicitudes planteadas se encuentra que el titular de la ASE informe sobre los registros de acceso, visitas oficiales y reuniones con funcionarios de la Fiscalía General de Justicia y actores políticos durante la elaboración de los informes, particularmente aquellas relacionadas con Náñez Balderas.

También se propone investigar los señalamientos difundidos públicamente y solicitar a la Fiscalía estatal que abra las indagatorias correspondientes, además de garantizar que sus servidores públicos no intervengan ni ejerzan presiones sobre el personal auditor.

El exhorto contempla, además, la participación del Órgano Interno de Control y la Visitaduría General para esclarecer el motivo y fundamento legal de las visitas reportadas, así como determinar si existió un uso indebido de recursos públicos.