Alertan simulación en Ley de Telecomunicaciones

Los conversatorios organizados en el Senado para analizar la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión han generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que, si no se incorporan de forma efectiva las propuestas de académicos, expertos y empresarios, el ejercicio podría convertirse en una simulación con cambios meramente cosméticos y sin modificaciones de fondo.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, reconoció la apertura mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la disposición para eliminar artículos controversiales, como el que permitía el bloqueo de plataformas digitales. Sin embargo, advirtió que el proyecto aún contiene elementos preocupantes que podrían implicar censura, vigilancia en internet y una concentración excesiva de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital.

Maldonado señaló que el diseño institucional propuesto no garantiza la independencia ni autonomía del nuevo órgano regulador frente al Ejecutivo, por lo que es indispensable considerar las propuestas vertidas en los conversatorios. 

Recomendó que, al menos, se establezca un organismo desconcentrado con un proceso de selección transparente y perfiles técnicos que aseguren su independencia.

Asimismo, criticó la intención de acelerar el proceso legislativo y aprobar la reforma en periodo extraordinario durante junio, ya que esto afecta la confianza en el ejercicio de parlamento abierto. 

Enfatizó que temas como el registro de usuarios de telefonía móvil, la regulación de contenidos y el derecho de audiencias deben ser revisados a fondo para evitar posibles usos políticos y restricciones a la libertad de expresión.

Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel), consideró que, aunque la ley probablemente no será la ideal, sí se han logrado avances para mejorarla respecto a la propuesta original.

Celebró que se hayan anunciado cambios al órgano regulador, como la eliminación de tres artículos, pero lamentó que el tiempo para un análisis profundo haya sido tan limitado.

Levy destacó que los puntos donde hubo mayor consenso en los conversatorios deberían reflejarse en el dictamen legislativo. 

Coincidió en que los ajustes deben ser sustanciales y no solo de forma, particularmente en el rediseño de la Agencia de Transformación Digital, para evitar que el proceso legislativo sea percibido como una mera simulación.

Por su parte, Gabriela Ortiz Portilla, defensora de Audiencias del Canal del Congreso, subrayó que México vive un momento clave para reforzar los derechos de las audiencias, reconocidos desde hace una década como derechos humanos. 

Insistió en que no se puede retroceder en estos avances, y propuso fortalecer la figura del defensor de audiencias para que deje de ser solo simbólica y se convierta en un mecanismo efectivo de interacción y protección del público, especialmente en un entorno mediático multiplataforma.

Además, Ortiz Portilla enfatizó la necesidad de atender los vacíos legales que persisten desde las reformas de 2017, los cuales han dejado un marco normativo disperso e incompleto en materia de derechos de las audiencias.

Propuso no solo recuperar los avances logrados con la reforma de 2014, sino también fortalecerlos con enfoques inclusivos, como garantizar el acceso a contenidos mediante lenguaje de señas y mecanismos que aseguren la participación efectiva de personas con discapacidad en los medios de comunicación.