Aprueba INE 139 mil solicitudes para observadores electorales

El Consejo General del INE informó que, hasta el 21 de mayo, han aprobado 139 mil 538 solicitudes para observación electoral en la elección judicial, y siguen en proceso de revisión alrededor de 114 mil.

El consejero Jorge Montaño expuso que de las 316 mil solicitudes recibidas por el órgano electoral, en 62 mil 552 casos se determinó que no cumplen con los requisitos legales para continuar con el proceso de acreditación, por estar afiliados a partidos políticos, ser servidores públicos, entre otros.

"Este dato me parece muy revelador porque, si bien, es clara la normatividad impide su registro como personas observadoras electorales, también permite explicar con mayor claridad a la ciudadanía que el INE es y será sumamente cuidadoso para no permitir que cualquier circunstancia ajena al marco legal, ponga en tela de duda el adecuado desarrollo y organización de este proceso electoral", apuntó.

Detalló que se han recibido 316 mil 498 solicitudes de registro, de las cuales 192 mil 113 son mujeres, 124 mil 336 son hombres y 49, personas no binarias.

Las entidades que cuentan con más acreditación son Estado de México con 18 mil 356, Ciudad de México con 11 mil 218 y Michoacán con nueve mil 276, mientras que el estado con menos de mil acreditaciones es Colima.

Además, el INE destacó que este nivel de participación en la observación electoral es inédito en el país, lo que refleja un creciente interés ciudadano por involucrarse activamente en los procesos democráticos. La autoridad electoral subrayó que esta amplia respuesta también representa un reto logístico y organizativo, por lo que se están fortaleciendo los mecanismos de capacitación y supervisión para garantizar que las personas observadoras actúen con imparcialidad y apego a la legalidad.

Asimismo, se informó que el INE está colaborando con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para reforzar la transparencia del proceso. Estas alianzas buscan brindar acompañamiento técnico, compartir buenas prácticas y generar informes independientes que contribuyan a dar certeza sobre la integridad de la elección judicial.