Benefician con contratos a candidatos del Poder Judicial

Entre 2018 y 2024, 36 aspirantes al Poder Judicial federal recibieron 136 contratos públicos, de los cuales más del 90% fueron por adjudicación directa. 

Esta práctica, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), incrementa la discrecionalidad y debilita la rendición de cuentas, lo que puede derivar en actos de corrupción entre funcionarios y particulares. La investigación fue realizada por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA) y revela el nombre de varios candidatos que actualmente compiten por cargos como jueces, magistrados y ministros.

Los contratos se asignaron desde distintas dependencias federales, órganos autónomos y gobiernos estatales como los de la Ciudad de México y Nuevo León. 

Algunos de los beneficiarios prestaron servicios como vigilancia, asesoría legal, talleres y actividades académicas. Entre los casos destacados se encuentra Noé Munguía Patricio, quien, mediante su empresa de seguridad, recibió más de 10 millones de pesos; y Patricia Vázquez Padilla, con adjudicaciones por más de 4 millones para dar seguimiento a acuerdos internacionales en puertos.

Llama la atención un contrato otorgado a Sharon Leslie Barrios Monroy, candidata a jueza, por la compra de tamales para una jornada electoral.

Este tipo de vínculos contractuales entre aspirantes judiciales y entes públicos plantea posibles conflictos de interés, ya que muchos de los contratos provienen de instituciones que podrían estar sujetas a revisión o control judicial en el futuro.

Expertos en transparencia y justicia advierten que la relación previa entre candidatos y autoridades puede comprometer la imparcialidad en la designación de jueces y magistrados. 

También se pone en duda el proceso de selección y los filtros de ética institucional que permiten este tipo de situaciones.

Organizaciones civiles han solicitado mayor vigilancia sobre los procesos de contratación pública y de selección judicial, así como la implementación de mecanismos de control que garanticen la independencia del Poder Judicial. 

El CICA recomienda que los aspirantes a cargos de impartición de justicia estén obligados a declarar sus vínculos contractuales pasados con gobiernos y dependencias, como parte de un escrutinio público. 

La falta de reglas claras sobre este tipo de antecedentes podría erosionar la confianza ciudadana en el sistema judicial.La revelación ocurre en un contexto en que el Poder Judicial enfrenta críticas por falta de transparencia y autonomía.