Cuestiona México reporte sobre desapariciones

Al rechazar el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) sobre la situación en México, por considerar que es tendencioso, el gobierno mexicano cuestionó que esa instancia no tomó en cuenta los avances institucionales que se han logrado desde 2019 y, en particular, en 2025.

Desde el pasado jueves, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalaron que el informe del Comité contra la Desaparición Forzada tampoco toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno mexicano.

"Las cuales —indicaron— demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025".

Resaltó que el gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.

La SRE y la Segob indicaron que el procedimiento de la convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar.

"Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia. Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 —administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del comité es parcial y sesgada".

Agregaron que el propio comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión "que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión".

La Segob y la SRE destacaron "un proceso dialogado y con participación de las familias", por lo que en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley; herramientas y obligaciones que el comité no consideró debidamente, dicen.