Dan 18 años de prisión a conductor que volcó tráiler

Un juez federal impuso una pena de 18 años de prisión y multa de un millón 842 mil pesos a Isaac Juan Francisco, chofer del tráiler que en diciembre de 2021 se volcó con 191 migrantes centroamericanos abordo en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, en Chiapas, de los cuales 56 murieron y 135 resultaron heridos.

En audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa dictó dicha sentencia y además suspendió los derechos civiles y políticos del sentenciado, informó la Fiscalía General de la República.

Asimismo, señaló que se dejaron a salvo los derechos de las partes ofendidas para que los hagan valer en la etapa de ejecución de sanciones, y se decretó el decomiso del vehículo del Servicio Federal de Carga.

De acuerdo con la FGR, Isaac Juan Francisco introdujo a territorio mexicano a migrantes de diversas nacionalidades, con el fin de trasladarlas sin documentación que acreditara su legal estancia en el país.

En coparticipación con otras personas, indicó la institución ministerial, el sentenciado ordenó a un grupo de 191 migrantes abordar un tráiler modificado con respiraderos.

Y durante el trayecto por la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, el conductor perdió el control del vehículo, el cual volcó. Como consecuencia de dicho accidente, 56 personas fallecieron y 135 resultaron lesionadas.

Por lo anterior, el juez lo sentenció a 18 años de prisión al estimar que los medios de prueba desahogados por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), acreditaron plenamente la responsabilidad del acusado en el delito de tráfico de personas agravado, consistente en la introducción y traslado de personas extranjeras en territorio nacional sin documentación migratoria, con resultado de fallecimiento.

"Este resultado es parte del compromiso institucional de la FGR para combatir de manera eficaz los delitos que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiados, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de tráfico de personas", destacó la FGR.