Detecta Contraloría del INE anomalías en contratos

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) investiga desde hace más de seis meses presuntas irregularidades en contratos otorgados a proveedores cercanos a la ahora exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, sin que hasta el momento se hayan presentado las denuncias correspondientes.

El titular del organismo, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó el 9 de septiembre ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados que las auditorías detectaron conflictos de interés, inconsistencias patrimoniales y movimientos financieros irregulares entre funcionarios y proveedores del instituto.

Durante su comparecencia, reveló que identificaron depósitos bancarios de personas que prestaban servicios al INE, servidores públicos que omitieron declarar su participación accionaria en empresas y funcionarios con ingresos no registrados por hasta 5.6 millones de pesos.

Las irregularidades coinciden con líneas de investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera. EL UNIVERSAL también documentó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE mientras se desempeñaban como funcionarios activos.

Carvente detalló que, durante el primer semestre de 2026, seis servidores públicos fueron sancionados con multas de hasta 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años por faltas graves, entre ellas falsificación de documentos, abuso de funciones y nepotismo. 

Sin embargo, los legisladores no lo cuestionaron sobre las investigaciones durante la reunión.

El contralor también reportó ahorros y finanzas sanas, además de solicitar una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Argumentó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) limita las facultades del OIC al negarle acceso a información fiscal y bancaria de altos funcionarios, lo que dificulta detectar posibles conflictos de interés y operaciones financieras irregulares.

Por otra parte, la actuación de Carvente ha sido cuestionada por expertos y observadores electorales, quienes señalan que la Contraloría habría utilizado sus facultades para presionar a consejeros críticos de Taddei. Como ejemplo, mencionaron la reapertura, a finales de 2025, de una queja archivada desde 2021 contra Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera por la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el OIC mantiene investigaciones desde hace seis meses y justificó la falta de denuncias al señalar que los procedimientos deben respetar el debido proceso y permitir a los señalados presentar pruebas y alegatos antes de una resolución.

En contraste, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, anunció que presentaría un punto de acuerdo para citar a comparecer a Carvente. El legislador exigió conocer las acciones emprendidas por la Contraloría y cuestionó por qué las presuntas irregularidades no fueron advertidas formalmente con anterioridad.