Diputados reciben Ley del ISR devuelta por el Senado

El pleno de la Cámara recibió y turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la minuta devuelta del para reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, luego de que el Senado de la República avaló una reserva para dejar fuera a la industria automotriz terminal y a las gasolineras de un mecanismo de control de deducciones.

Tras la recepción, el Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, informó que la dictaminación se realizará conforme a los tiempos parlamentarios, sin que exista "fast track".

"Acordamos procesar la dictaminación de la minuta del Senado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta procesarlo sin fast track, no hay fast track, no hay fabricación de justificaciones para comprobar la urgencia o para saltar trámites", declaró.

El diputado de Morena, explicó que respetando el plazo reglamentario y el proceso legislativo, el dictamen se analizará hasta el próximo miércoles 4 de noviembre en punto de las 9 horas.

"Esto es para cumplir con los cinco días que estipula el reglamento de la Cámara de Diputados para procesar los dictámenes", explicó.

Carol Antonio Altamirano aclaró que el plazo de dictaminación acordado, no es inconstitucional.

"Les voy a leer lo que dice el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre. De manera literal, este artículo, al fijar este plazo, se refiere a la Ley de Ingresos. No se refiere al Paquete Económico en materia de ingresos. Lo que nosotros vamos a dictaminar es una minuta que corresponde a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Así es que no hay ninguna violación, literal", puntualizó.

La modificación al artículo 78-E fracción III constitucional, aprobada por el Senado, busca mitigar impactos para el sector automotriz y a las gasolineras al dejarlas fuera de un mecanismo de control de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales, que tiene como límite 50 millones de pesos, al considerar que se trata de actividades que, por su naturaleza e importancia, requieren un tratamiento diferenciado.