Empresarios piden al Senado certeza jurídica en la Ley de Telecom

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) envió una carta al Senado expresando fuertes críticas a la propuesta del Ejecutivo que plantea, en sus artículos 56, 57 y 58, la asignación directa del espectro radioeléctrico y sin contraprestaciones a entidades públicas. 

Según Anatel, esta medida rompe la neutralidad competitiva al otorgar ventajas indebidas a actores que no han realizado las inversiones millonarias que sí han hecho las empresas privadas en redes y espectro. 

También alertan que esta política generaría incertidumbre legal sobre los Títulos de Concesión actuales, lo cual podría desincentivar futuras inversiones.

Además, Anatel cuestiona la falta de claridad en aspectos como la neutralidad de la red, la gestión de tráfico (omitida en el artículo 107) y el servicio gratuito en espacios públicos, señalando que imponer estos servicios sin un marco financiero y técnico definido resulta inviable. 

Asimismo, la industria se manifestó en contra del enfoque punitivo de la propuesta, que eleva las sanciones a hasta el 6% de los ingresos brutos anuales de los concesionarios, lo que consideran excesivo e injustificado.

También preocupa a los operadores la falta de consenso en torno al Registro de Usuarios del Servicio Móvil, pues la iniciativa delega su ejecución a los concesionarios, mientras que otra ley contempla a una agencia estatal como responsable. 

Esta falta de coordinación entre propuestas legislativas puede generar confusión operativa y duplicidad de funciones, afectando tanto a las empresas como a los usuarios.

Por otro lado, Anatel señaló que la obligación de soterrar la infraestructura no contempla las complejidades técnicas, logísticas y económicas de dicho proceso. 

Subrayaron que este tipo de obras requiere la participación activa y la inversión de los tres niveles de gobierno, además de la colaboración con múltiples sectores y usuarios finales. Implementar esta medida sin planificación podría generar interrupciones en los servicios y costos adicionales injustificados para los usuarios.

Finalmente, Anatel hizo un llamado al Senado a reconsiderar diversos puntos de la propuesta para construir una ley más equilibrada, que garantice seguridad jurídica, fomente la inversión y mejore la calidad de los servicios de telecomunicaciones. También solicitaron que, una vez aprobada, su implementación se realice con plena coordinación entre autoridades y operadores, en beneficio directo de los más de 130 millones de usuarios en el país.