Envía Claudia estrategia de seguridad a la Cámara Alta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara Alta la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, en la que presume una disminución en la incidencia de casi todos los delitos de alto impacto, a excepción de la extorsión, que —reconoce— ha repuntado y no ha sido posible abatirla. 

"De los delitos de alto impacto, el único que ha presentado un incremento de 21.1% es el delito de extorsión, toda vez que en 2019 se presentaba un promedio diario de 22.68 casos, mientras que en 2025 es de 27.45", reconoce el documento.

Un tema que se destaca es que, a partir del 5 de febrero pasado, con el acuerdo de cooperación establecido con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha logrado emprender acciones contundentes contra la delincuencia en la frontera común entre ambas naciones, donde han sido detenidas mil 287 personas vinculadas a algún probable hecho delictivo. 

Se han asegurado mil 192 armas de fuego, 143 mil 734 cartuchos de diversos calibres, 4 mil 642 cargadores, 19 mil 762 kilogramos de drogas (57.9 kilogramos y 335 mil 479 pastillas de fentanilo), así como mil 33 vehículos y 142 inmuebles, derivado de distintas acciones operativas realizadas en los estados fronterizos.

El informe subraya que, a pesar de los desafíos en la lucha contra ciertos delitos, el esfuerzo interinstitucional ha dado frutos, logrando avances significativos en las zonas más afectadas por la violencia organizada. 

La coordinación entre diversas entidades de seguridad, como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General de la República (FGR), ha permitido crear un frente común ante el crimen, destacando especialmente la colaboración con las autoridades estadounidenses.

Este enfoque binacional ha fortalecido el control de la frontera y ha impulsado operaciones de seguridad que han desarticulado varias células del crimen organizado.

Resalta que, en un acto de autoridad sin precedentes y como resultado de una política de cero impunidad, el 27 de febrero de 2025, "en coordinación y respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos", se acordó, con base en el texto constitucional, convencional y las disposiciones legales aplicables en materia de seguridad nacional, el traslado y entrega de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia. 

"Esta operación, decidida de manera colegiada, contó con la participación y coordinación de 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Defensa, la Semar, la GN, la SSPC, así como de la FGR, reflejando un esfuerzo conjunto sin precedentes en la lucha contra la delincuencia organizada", se subraya en el documento.