EU no aportó pruebas para la detención de Rocha: Alcalde

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que Estados Unidos no aportó ninguna prueba para acreditar la urgencia de la detención con fines de extradición del ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales acusados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Ante esto, informó en conferencia de prensa presidencial que la Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que es necesario solicitar al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que entregue información adicional para poder continuar con el procedimiento legal.

"La fiscalía determina que no existe, al momento, o no se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional, precisamente para que se acredite la urgencia. De acreditarse, entonces sí la fiscalía puede presentar a un juez de control, quien podrá determinar medidas cautelares o la detención provisional dentro del proceso correspondiente", explicó.

Agregó que el gobierno mexicano mantiene abiertos los canales diplomáticos con las autoridades estadounidenses para aclarar el alcance de la solicitud y garantizar que el procedimiento se realice conforme a derecho y con respeto al debido proceso de los implicados. Señaló además que la prioridad del Ejecutivo es evitar detenciones sin sustento jurídico suficiente, ya que ello podría afectar la relación bilateral y la cooperación en materia de seguridad.

Precisó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la encargada de formalizar la petición de información al país requirente antes de que el caso sea presentado ante un juez, quien será el único facultado para determinar si existen elementos para proceder con medidas cautelares o una eventual detención con fines de extradición.

En un segundo pronunciamiento, Alcalde Luján sostuvo que la solicitud de extradición debió manejarse bajo estricta confidencialidad para preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, evitando la exposición mediática prematura que pudiera influir en las autoridades o contaminar pruebas del caso.

Señaló que dicha confidencialidad no se respetó, lo que derivó en un "linchamiento mediático" y en la emisión de juicios públicos sobre las personas señaladas, sin que exista aún una resolución judicial.

Asimismo, reiteró que la FGR no ha prejuzgado sobre la existencia de delitos ni sobre la procedencia de una detención provisional, y subrayó que cualquier decisión final dependerá exclusivamente del juez de control, con base en los elementos probatorios que sean presentados.

Finalmente, afirmó que el gobierno federal dará seguimiento puntual al caso conforme avance el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y el respeto pleno a los procedimientos de cooperación internacional en materia penal.