Impugna el Legislativo 26 candidaturas judiciales

Los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado, Gerardo Fernández Noroña, impugnaron y solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de los registros de 26 candidaturas a cargos judiciales.

A través de una impugnación, expusieron que, con base en los artículos 95 y 97 de la Constitución, 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito de "gozar de buena reputación", por estar vinculadas a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.

Además, ocho candidatos más no cumplen con el promedio general de calificación en licenciatura, de cuando menos ocho puntos.

"El informe presentado acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunas de estas personas. También se documenta que algunas de ellas han actuado como defensores de individuos relacionados con el crimen organizado, lo cual compromete su imparcialidad y representa un conflicto de interés", señala la querella.

"La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial", comentó Gutiérrez Luna.

El presidente de la Cámara de Diputados insistió en que la idoneidad no es solamente una cuestión legal, sino un imperativo ético para proteger la legitimidad del Poder Judicial.

Por otra parte, en los candidatos impugnados por elegibilidad académica que corresponden a cargos de jueces y magistrados en distintos circuitos y salas del país, los promedios documentados van de 7.0 a 7.93.

Esto afecta directamente la idoneidad de las personas aspirantes y demuestra un incumplimiento de las bases legales del proceso.

Ambos legisladores solicitaron al INE proceder a la cancelación de los registros de estas candidaturas para preservar la integridad, imparcialidad y confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en el país.

¿Quiénes son?

Entre las personas denunciadas destacan Fernando Escamilla Villarreal, juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito, señalado como abogado defensor de personas imputadas por pertenecer a la delincuencia organizada.

Jesús Humberto Padilla Briones, juez Administrativo Federal del estado de Nuevo León, quien presuntamente fue puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Diana Monserrat Partida, juez de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, señalada por haber dado libertad indebida a imputados de delincuencia organizada; Francisco Herrera Franco, juez de Distrito en Materia Penal del Onceavo Circuito, acusado de tener vínculos con integrantes del crimen organizado; Francisco Martín Hernández Zaragoza, magistrado del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, por haber sido imputado por abuso sexual, así como Andrés Montoya García, magistrado Mixto de Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, presuntamente imputado por e desaparición forzada de personas en agravio de un periodista, entre otros.