Investiga Tribunal de Disciplina a 248 funcionarios judiciales

La persecución contra jueces, magistrados y personal del Poder Judicial por parte del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) aumentó durante su primer año de funciones, con 248 casos documentados de servidores públicos sancionados o investigados por sus actuaciones frente a la reforma judicial.

Rufino H. León Tovar, magistrado del TDJ, informó que hasta el 1 de septiembre pasado, 75 servidores públicos ya habían recibido resoluciones firmes, que en conjunto representan 95 sanciones. Además, otros 173 se encuentran bajo investigación formal mediante procedimientos administrativos.

Entre los casos se encuentra el de Martha Eugenia Magaña López, exjueza de Distrito en Morelos, quien renunció anticipadamente al cargo tras rechazar participar en la elección judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a su renuncia, el 11 de marzo de 2026 la Comisión de Investigación del TDJ inició un procedimiento administrativo en su contra, a petición de la Secretaría de Gobernación, por haber admitido y concedido suspensiones en un amparo promovido contra el proceso de reforma judicial.

La exjueza sostuvo que el procedimiento representa una persecución y acusó que las sanciones son selectivas, pues otros juzgadores que otorgaron suspensiones similares no han sido investigados. Afirmó que ningún juez debería ser procesado administrativamente por el sentido de sus resoluciones.

Otro caso es el del juez de Distrito en retiro José Antonio Lozano Batarse, quien enfrenta un procedimiento por haber admitido una demanda y concedido parcialmente una suspensión provisional contra la reforma judicial. El juzgador aseguró que una denuncia que ya había sido desechada por el Consejo de la Judicatura Federal fue reactivada y ampliada.

De acuerdo con las constancias del caso, la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación presentó quejas contra jueces que otorgaron suspensiones. En marzo de 2025, el pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal revirtió, por cuatro votos contra tres, los criterios que consideraban las medidas cautelares como parte del libre criterio jurisdiccional.

La ofensiva también alcanzó la vía penal. El juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido enfrenta una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos contra la administración de justicia, mientras que otros juzgadores enfrentan simultáneamente procedimientos administrativos y denuncias criminales.

Juan Gerardo Anguiano Silva, juez en retiro, enfrenta ocho procedimientos clasificados como graves por haber admitido amparos y concedido suspensiones provisionales contra la reforma judicial cuando estaba al frente de un juzgado en Michoacán.

Anguiano Silva señaló que las acusaciones buscan seguir una misma línea para sancionar y amedrentar a los juzgadores que intervinieron en los procesos relacionados con la reforma. Afirmó que prepara una estrategia de defensa con base en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.