Niega Alcalde que lineamientos de audiencias impliquen censura

La consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, rechazó que los lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias sean un mecanismo de censura o que otorguen al gobierno facultades para determinar qué pueden publicar los medios de comunicación.

En entrevista, la funcionaria defendió las disposiciones que se encuentran en consulta pública, la cual concluye el 21 de agosto, y aseguró que las críticas de especialistas, organizaciones y representantes de la industria de radio y televisión parten de una interpretación que, dijo, no corresponde con el contenido del proyecto.

Sostuvo que los lineamientos no contemplan prohibiciones para expresar opiniones, sanciones por contenidos periodísticos ni la posibilidad de que la autoridad determine una "verdad oficial". "Estas críticas están totalmente fuera de la realidad, más enfocadas a una intención de generar una falsa narrativa sobre los lineamientos", acusó.

La consejera Jurídica insistió en que basta con leer el documento para comprobar, según su interpretación, que no existen disposiciones dirigidas a "acallar voces" o imponer visiones únicas.

"Si uno entra y lee los lineamientos, cualquier persona puede constatar que no vienen integrados elementos vinculados con, por ejemplo, como se ha dicho, que no se puedan verter opiniones, que se vaya a sancionar los contenidos de los medios, que la verdad última estará a cargo del gobierno, que hay una intención de acallar voces o de tener visiones únicas. Falso. Absolutamente falso", señaló.

Un debate que no comenzó con este gobiernoAlcalde defendió que los derechos de las audiencias no son una figura creada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y recordó que están reconocidos en la Constitución desde 2013.

Explicó que en 2014 se incorporaron mecanismos relacionados con estos derechos dentro de la legislación en materia de telecomunicaciones, entre ellos la obligación de contar con códigos de ética y defensores de las audiencias.

Sin embargo, señaló que posteriormente una contrarreforma impulsada por el PAN eliminó mecanismos para hacer efectivos esos derechos.

Por ello, sostuvo que la reforma de 2025 retomó parte de las disposiciones que ya habían sido contempladas años atrás. "Prácticamente se retoma lo de la ley de 2014", dijo.

La funcionaria aclaró que los lineamientos actualmente en discusión están dirigidos exclusivamente a radio y televisión.

El objetivo, explicó, es que las audiencias puedan identificar con mayor facilidad cuándo reciben una noticia, cuándo escuchan una opinión y cuándo están frente a un contenido publicitario.

Planteó el caso de un programa informativo en el que el conductor combina la presentación de noticias con comentarios personales. En ese supuesto, deberá existir una advertencia previa para informar a la audiencia que encontrará ambos contenidos. "No es caer en el absurdo de que ahorita es una opinión, en este instante es una noticia, ahorita es una opinión. No", explicó.

Se trata, dijo, de colocar un cintillo o una pleca previa que permita al público saber qué encontrará en el programa. La misma lógica se aplicaría a la publicidad. Los medios deberán advertir cuando dentro de un programa existan contenidos publicitarios y, en su caso, identificar las marcas promovidas.

Alcalde defendió esta medida bajo el argumento de que una persona debe saber cuándo una información tiene una intención comercial. "No hay un derecho a manipular o a engañar", sostuvo.

Uno de los puntos centrales de la defensa de Alcalde es que las sanciones previstas en el esquema no estarán relacionadas con el contenido periodístico.

De acuerdo con la consejera Jurídica, los medios deberán cumplir con tres obligaciones principales: emitir un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias y establecer un mecanismo eficaz para recibir quejas.

En el caso del código de ética, cada medio deberá establecer sus propios mecanismos para garantizar, entre otros aspectos, que la información que difunde sea verificada.

Recalcó que el gobierno no será el encargado de decidir qué es una noticia falsa."¿Quién va a establecer cómo va a garantizar eso? El medio. ¿El gobierno le va a decir si es o no es una noticia falsa?, no. El propio medio va a establecer qué mecanismos va a utilizar para verificar la información", explicó.