Ordena SCJN liberación inmediata de Juana Hilda

Por violaciones al debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, condenada a 78 años de prisión por su implicación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, fallecida en marzo pasado.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala concedió a la mujer un amparo liso y llano, puesto que las pruebas clave del caso fueron obtenidas mediante tortura. Tras la sentencia dictada por la Corte, González Lomelí salió la noche de este miércoles del penal femenil de Morelos, luego de permanecer más de 19 años presa por su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

A través del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que asumió su defensa, González Lomelí interpuso un amparo directo contra la sentencia de 78 años y 9 meses de prisión que le dictó el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en octubre de 2011.

Así, en mayo de 2022 la Primera Sala resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo, mismo que concedió a González Lomelí, acusada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de enganchar al empresario Hugo Alberto Wallace Miranda para secuestrarlo en complicidad con César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín.

De acuerdo con la acusación, el 12 de julio de 2005, Juan Hilda González llevó con engaños a su departamento en la Ciudad de México a Hugo Alberto Wallace, haciéndole creer que estaba interesada en una relación romántica con él.

Sin embargo, ya en el lugar fue sometido por César Freyre Morales, Alberto y Tony Castillo Cruz, Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobín, quienes los secuestraron y lo asesinaron.

Hilda González fue detenida en febrero de 2006, luego de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la señalara como partícipe en el crimen contra Hugo Alberto Wallace, ocurrido el 11 de julio de 2005.

 En 2011, fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

En el proyecto, el ministro Gutiérrez sostuvo que el Estado no logró demostrar que las "confesiones" que la quejosa rindió el 6 y 21 de febrero de 2006, mientras estaba retenida bajo la figura del arraigo, fueron obtenidas respetando su derecho absoluto a no ser sometida a tortura. Por ello, esas confesiones y todo lo que de ellas derivó no son válidas.