Nacional Partidos Políticos


Plantean candado migratorio a deudores alimentarios

Plantean candado migratorio a deudores alimentarios
La bancada del PVEM en el Senado propuso impedir la salida del país a personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Publicación:20-04-2026
++--

Los legisladores señalaron que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados, ya sea por evasión de responsabilidades o por debilidad.

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó una iniciativa para impedir la salida del país a personas deudoras alimentarias inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), con el fin de asegurar que quienes incumplan con el pago de alimentos no puedan salir del territorio nacional.

La propuesta busca "proteger el derecho a alimentos de niñas, niños y adolescentes y asegurar su bienestar y sustento", por lo que se plantea vincular el RNOA con la Ley de Migración para asegurar que su bienestar se cubra de forma prioritaria al garantizar el acceso a una pensión alimenticia que cubra necesidades básicas como comida, vivienda, educación y salud.

La iniciativa establece que "las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, por incumplir con el pago de pensión, no puedan salir del territorio nacional, fortaleciendo así la coordinación entre autoridades y evitando vacíos legales".

Los legisladores señalaron que el derecho a alimentos es uno de los más vulnerados, ya sea por evasión de responsabilidades o por debilidad en los mecanismos de cumplimiento, lo que obliga a madres o personas cuidadoras a asumir la carga económica, profundizando condiciones de desigualdad.

Destacaron que la pensión alimenticia no es una prestación común, sino una medida de protección urgente que garantiza la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Subrayaron que la iniciativa, que reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración, no vulnera derechos de terceros, sino que constituye una acción legítima para garantizar el bienestar de la infancia, romper ciclos de pobreza y fortalecer la corresponsabilidad parental.

Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades para cerrar los vacíos legales.



« El Universal »