Rechazan académicos multa a exrector de la UNAM por caso Esquivel

Un grupo de aproximadamente 300 académicos de la UNAM se ha manifestado en contra de la resolución judicial que ordena al exrector Enrique Graue y al exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo, pagar 15 millones de pesos por daño moral a la profesora Martha Rodríguez Ortiz. Rodríguez Ortiz fue asesora de tesis de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte, quien fue acusada de plagio en su trabajo académico de licenciatura. 

Los académicos consideran que la resolución judicial responde a intereses políticos de Esquivel, quien busca la presidencia de la Corte en las elecciones judiciales de junio.La sentencia fue emitida por la jueza Flor de María Hernández en febrero, quien validó la demanda de Rodríguez Ortiz, alegando que los exfuncionarios de la UNAM atacaron su honor tras conocerse el caso de plagio. 

Los firmantes de la carta pública piden que el Poder Judicial revierta la sentencia, argumentando que está llena de irregularidades, como citas erróneas y un expediente médico mal utilizado.

Además, cuestionan la rapidez con la que se resolvió la denuncia, en solo cuatro meses.

El caso de plagio de Esquivel se hizo público en diciembre de 2022, cuando el académico Guillermo Sheridan evidenció similitudes entre su tesis y la de otro estudiante. 

La UNAM inició una revisión, lo que resultó en el cese de Rodríguez Ortiz, quien fue acusada de asesorar tesis con plagios. 

Aunque el Comité Universitario de Ética concluyó que hubo plagio, no pudo emitir un dictamen final debido a los amparos promovidos por Esquivel. 

En diciembre de 2024, el Quinto Tribunal Colegiado resolvió que la UNAM no podía actuar contra la ministra, lo que fue lamentado por la universidad como una violación a su autonomía.

Los académicos que firmaron la carta abierta también expresaron su preocupación sobre el uso de la justicia como herramienta política, sugiriendo que la resolución busca proteger a una figura cercana al partido Morena. 

Resaltaron que el poder judicial está siendo utilizado para favorecer intereses personales y que, de continuar este tipo de prácticas, se pondría en riesgo la independencia de las instituciones. 

En este sentido, los firmantes hicieron un llamado a la justicia imparcial, señalando que es fundamental que los procedimientos judiciales se conduzcan con base en los principios legales y no en consideraciones políticas.

El caso ha generado un fuerte debate sobre la autonomía universitaria y el papel del Poder Judicial en situaciones de alta visibilidad política. Muchos de los académicos también manifestaron su inquietud sobre el mensaje que esta sentencia envía a la comunidad universitaria, al considerar que podría ser un precedente peligroso para futuras denuncias.