Nacional Estados


SCJN invalida norma de objeción de conciencia en Morelos

SCJN invalida norma de objeción de conciencia en Morelos
Yasmín Esquivel Mossa. Foto: Especial

Publicación:13-05-2026

TEMA: #SCJN  

version androidversion iphone
++--

La ministra Yasmín Esquivel recordó que este derecho no puede aplicarse cuando se ponga en riesgo la vida de un paciente o exista una urgencia médica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió acciones de inconstitucionalidad relativas a la figura jurídica de la objeción de conciencia, establecida en la Ley de Salud del Estado de Morelos.

En su intervención, la ministra Yasmín Esquivel Mossa recordó precedentes en los que el Tribunal Pleno ordenó al Congreso del Estado de Morelos que atendiera lineamientos puntuales con la finalidad de que su normativa en materia de objeción de conciencia resultara constitucional, los cuales no ha cumplido.

En este sentido, se pronunció por invalidar la norma en su totalidad, debido a que el Congreso incumplió con la disposición que le ordenó el Máximo Tribunal de Justicia: "volvió a legislar y lo hizo incorrectamente, lo hizo de forma irregular, sin acatar los lineamientos establecidos, por lo tanto, yo considero que se debe invalidar la norma para efecto que el congreso del Estado nuevamente vuelva a legislar y lo haga en los términos que le ha ordenado la Corte", puntualizó.

La objeción de conciencia es un derecho del personal médico y de enfermería que desde su fuero individual pueden ejercer para negarse a hacer alguno de los procedimientos sanitarios que forman parte de los servicios de salud que presta el Estado mexicano, cuando consideren que se oponen a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas y de conciencia; que no podrá invocarse cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente o cuando se trate de una urgencia médica.

La resolución de la SCJN busca sentar un precedente para que las legislaturas locales adecuen sus normas a los criterios constitucionales vigentes, a fin de evitar futuras impugnaciones y garantizar certeza jurídica en la aplicación de este derecho en el sistema de salud.

 

 



« El Universal »