Solicita MC desafuero de Rocha, Inzunza y alcalde de Culiacán

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Gibrán Ramírez solicitaron el desafuero contra los funcionarios públicos de Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

A través de su cuenta de X, el líder emecista compartió la denuncia interpuesta ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados contra el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza. "Lo mínimo que pueden hacer los funcionarios de Sinaloa que han sido formalmente acusados por las autoridades norteamericanas es enfrentar este proceso sin fuero", comentó.

El pasado miércoles, la justicia estadounidense acusó al mandatario estatal y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios públicos de haberse asociado al Cártel de Sinaloa con el fin de distribuir drogas en Estados Unidos. Ante esto, Rocha Moya rechazó "categórica y absolutamente" las acusaciones en su contra debido a que "carecen de veracidad y fundamento alguno", y aseguró que se trata de un ataque político no sólo contra él, sino contra la llamada Cuarta Transformación (4T).

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su postura es de "verdad, justicia y defensa de la soberanía", y señaló que, en caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) reciba pruebas contundentes conforme a la ley mexicana, deberá proceder en consecuencia. Reiteró además que cualquier señalamiento debe sustentarse en evidencia verificable antes de emprender acciones legales.

En tanto, el empresario Sergio Pío Esquer también anunció que presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador Rocha Moya ante el Congreso de la Unión, al considerar necesario que "rinda cuentas ante la justicia". Señaló que las acusaciones son "muy graves" y reflejan una crisis profunda en Sinaloa, por lo que llamó a esclarecer los hechos y evitar un mayor deterioro social, político y de seguridad en la entidad.

Por su parte, dirigentes de distintos sectores políticos en Sinaloa han comenzado a pronunciarse sobre el caso, exigiendo que las instituciones mexicanas actúen con transparencia y sin consideraciones partidistas. Advirtieron que la gravedad de las acusaciones requiere una investigación profunda que permita esclarecer responsabilidades y garantizar confianza en las autoridades.

Asimismo, analistas políticos señalaron que este caso podría escalar a una crisis de gobernabilidad en la entidad si no se maneja con apego al debido proceso. Indicaron que la combinación de acusaciones internacionales y tensiones políticas internas podría intensificar la polarización en el estado en los próximos días.