Tribunal: Presidencia violó derechos

 El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad que la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, de las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador operó como un instrumento de estigmatización.

Esto, luego de que el periodista Raymundo Riva Palacio promovió un amparo indirecto contra las expresiones de acoso, represalia y denostación que realizaron en su contra el expresidente, así como la directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, Ana Elizabeth García Vilchis, durante dos conferencias de prensa mañaneras.

El tribunal detalló que se utilizaron recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como "mentirosos", atribuyéndose de facto la facultad de definir la "verdad" y la "mentira" desde el poder político. Ello contraviene las libertades de pensamiento, expresión y de prensa, y se emplean recursos públicos bajo la finalidad aparente de brindar transparencia y comunicación ciudadana para generar en realidad campañas de desinformación, indicó.

También propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno. El tribunal resaltó que estas acciones fomentan la censura indirecta, la polarización social y erosiona los pilares de la democracia, al pretender imponer una versión deformada de la verdad de carácter oficial, sin garantizar el derecho de réplica ni un debate público sobre bases informativas neutrales, objetivas y pluralistas.

Señaló que la orden verbal del Ejecutivo federal de crear esa sección en sus conferencias viola el derecho a la legalidad y las libertades de prensa, de expresión e información.

Abundó que la creación de la sección, sin un mandato escrito con parámetros de actuación, límites precisos y reglas objetivas previas dio lugar a un sistema de propaganda gubernamental posfactual que deforma la verdad desde el poder, y reprime a la prensa crítica.

Además, impide a la ciudadanía el acceso a la información en condiciones de objetividad y neutralidad, en contravención a los principios de legalidad y democrático, así como a las libertades de pensamiento, de prensa, de expresión y de información, reconocidas en los artículos 6, 7, 16, 39 y 40 de la Constitución.