El fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) fue creado un 30 de junio de 1973, para fomentar el desarrollo de vivienda en áreas urbanas populares y dotar a las familias nuevoleonesas de escasos recursos económicos con un lote mínimo y con el llamado pie de casa.

Sin embargo, su misión principal fue frenar las constantes invasiones de predios en la creciente Zona Metropolitana de Monterrey, las cuales encabezó el movimiento urbano-popular surgido de la colonia Tierra y Libertad por la falta de políticas públicas -tanto federales como estatales- para los ´sin tierra´.

En la búsqueda de atender el déficit de suelo urbano y de vivienda popular para los sectores de bajos ingresos, la propuesta de creación del fideicomiso la llevó a cabo el gobernador interino, Luis Marcelino Farías y Martínez, tras la renuncia de Eduardo A. Elizondo a raíz del conflicto que vivía la UANL.

El año de 1973 resultaría coyuntural, ya que en marzo fue fundada la colonia Tierra y Libertad por el movimiento urbano-popular, al organizar a miles de posesionarios, precaristas y migrantes rurales de los estados vecinos, asentados en los denominados cinturones de miseria de la metrópoli regia.

Como primer director general de FOMERREY fue designado Ricardo Canavati Tafich, impulsor de las primeras políticas que transformaron la vida de miles de familias mediante la regularización de la tenencia de la tierra y la creación de espacios comunitarios bautizados con el nombre de la institución.

Los dos fraccionamientos iniciales de FOMERREY evidenciaron la estrategia para detener las invasiones masivas de los colonos organizados. El primero fue en Topo Chico, prácticamente a lado de la colonia Tierra y Libertad, con 430 lotes para más de tres mil habitantes. El segundo en La Fama, Santa Catarina, con mil 200 lotes para seis mil 400 personas.

El costo del lote en Topo Chico era por la cantidad de $70 pesos mensuales durante cinco años, mientras que en La Fama el pago oscilaba entre los $90 y $120 pesos mensuales. Los bajos precios fueron el factor determinante del gobierno estatal para desarticular el movimiento urbano-popular liderado por dirigentes y pobladores de Tierra y Libertad.

Hay que dejar claro que dichos costos fueron únicamente por el hecho de poseer una tenencia legalizada, ya que la construcción de la vivienda siempre corrió por cuenta propia de las familias que iban a habitarlas; es decir, se llevaba a cabo mediante un proceso de autoconstrucción, modelo originado por los colonos de Tierra y Libertad a través de los "Domingos Rojos".

Para disminuir el conflicto de la vivienda urbana también participaron organismos como el INFONAVIT, fundado el 31 de mayo de 1967, pero sin repercusión en la Metrópoli, el FOVISSSTE, el INDECO y la CORETT, que en coordinación como FOMERREY crearon nuevas zonas para la vivienda popular y progresivamente las urbanizaron mediante el Plan Tierra Propia.

Aunque FOMERREY demostró ser capaz de controlar la crisis de la vivienda para poner fin a la legítima toma masiva de la tierra por parte del movimiento urbano, al ser uno de los organismos paraestatales que mayor presupuesto recibía -alrededor de 600 millones de pesos anuales en los 70´-, este 2026 está definitivamente por desaparecer a 53 años de su creación.

Luego de haber excedido su plazo legal de 50 años como fideicomiso en el 2023 y quedar en el limbo jurídico tras la declaratoria de su extinción, urge que FOMERREY transfiera sus funciones y activos al Instituto de la Vivienda de Nuevo León (IVNL), incluyendo 83 mil lotes de beneficiarios que no han realizado trámites de escrituración paralizados desde el 2019 por el COVID.

Durante cinco décadas FOMERREY creó más de 450 fraccionamientos para cerca de un millón de beneficiarios, a pesar de acusaciones de corrupción, nepotismo, desvío de recursos y fraudes por sobrecostos de tierras para damnificados del huracán Gilberto, así como de asignaciones de terrenos a particulares, irregularidades financieras, burocracia e incumplimiento de metas observadas por la Auditoría Superior y la Contraloría del Estado.

El déficit de vivienda en Nuevo León sigue siendo alto. Anualmente se requieren 28 mil unidades de tipo económico para satisfacer la creciente demanda, principalmente por el crecimiento poblacional debido al fenómeno migratorio y a las políticas públicas inefectivas para construir viviendas accesibles, mejorar la calidad de vida de las familias nuevoleonesas y cumplir el derecho constitucional a una vivienda adecuada.