Sin que haya necesidad, sin que nadie lo solicite, sin haber construido los acuerdos que deberían ser necesarios y fuera de los tiempos para hacer reformas electorales, el oficialismo pretende expedir una nueva "Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral" que sustituiría la norma que está en vigor desde 1996.

La Comisión de Reforma Electoral de la Cámara de Diputados pretendía discutir este jueves el proyecto de ley, sin embargo, según se dio a conocer, éste fue retirado para hacerle algunas modificaciones, entre ellas, el momento de entrada en vigor que inicialmente estaba prevista para aplicarse en las elecciones de 2027 (según lo reporta una nota de EL UNIVERSAL del 13-10-2026).

De ser así, resultaría preocupante que, en principio, los promotores de la nueva ley no tuvieran claro que la ventana legislativa en el ámbito electoral está cerrada desde principios del pasado mes de junio, pues, tal como lo establece el artículo 105 constitucional, los cambios a las leyes en esa materia deben realizarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que vayan a aplicarse.

Pero más allá del gazapo, es absurdo que cambios a una ley tan relevante pretendan hacerse —como suele el morenismo— sin una amplia discusión pública en la que se tome el parecer de los partidos políticos, de los especialistas, de la ciudadanía interesada (esa ley regula los mecanismos que las y los ciudadanos tenemos para defender nuestros derechos políticos) y de las instancias encargadas de aplicarla.

Por otra parte, el proceso electoral ya está en curso, la atención está puesta en otros lados y nadie pide esos cambios en este momento. Parecería que de nueva cuenta se busca un albazo para cambiar las reglas del juego de manera unilateral, alevosa y a través de la imposición y no mediante el consenso que, sería deseable, en particular en relación con las reglas electorales.

El propósito central de la reforma planteada es la anulación de las elecciones cuando exista una cobertura informativa "indebida". En su artículo 86 la propuesta de ley establece que "se presumirá que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter de reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales y no de un ejercicio periodístico".

De prosperar, estaríamos frente a una situación grave, pues del mismo modo que ocurrió con la causal de nulidad relativa a la injerencia extranjera en las elecciones que el oficialismo aprobó hace unos meses (en su cruzada propagandística de defender la soberanía nacional), también aquí estaríamos ante una hipótesis absolutamente ambigua y sujeta por entero a la discrecionalidad y arbitrariedad de los tribunales electorales (hoy totalmente sesgados y capturados por el morenismo) que serían los encargados de decidir sobre la misma.

Eso por no hablar del enorme riesgo que supone el poner en manos de actores ajenos a la contienda electoral la posibilidad de incidir en la validez de las elecciones, pues con esa propuesta, quedaría en manos de los medios de comunicación y del tipo de cobertura que hagan de las campañas el que una elección pueda anularse. Más aún, la causal es ridícula porque incluso en los lineamientos que por ley el INE debe expedir estableciendo las pautas de una cobertura noticiosa equitativa, sólo se hacen sugerencias y recomendaciones para los medios informativos y las mismas no son vinculantes. Es decir, no existe una obligación legal de cómo debe darse esa cobertura.

Propuestas innecesarias y gratuitas, cuando no malintencionadas, como la que se comenta, sólo sirven para alimentar la creciente desconfianza en torno a los procesos electorales y confirman la deslealtad democrática del morenismo que parece mandar el mensaje de que cuando no ganen, van a arrebatar.