Ante un encuentro de fútbol de alto nivel, ¿qué es lo mínimo que un espectador exigiría? La respuesta es clara: información completa de los participantes, contendientes relevantes, juego limpio, un arbitraje honesto y una transmisión accesible que convierta el evento en una experiencia grata. Nadie acude al estadio esperando violencia o un resultado predeterminado.

Bajo esa misma lógica debería operar nuestro sistema electoral. Un proceso con reglas claras y piso parejo, protagonizado por políticos experimentados y respaldado por una transparencia absoluta en sus operaciones. Necesitamos un árbitro legal que garantice la representatividad de toda la población y que fortalezca la confianza ciudadana, logrando que nos sintamos orgullosos de que nuestra democracia es, ante todo, confiable.

Esta lógica de exigencia, tan presente en nuestra cultura deportiva, resulta un espejo necesario para evaluar nuestras decisiones públicas. El problema radica en que los actores políticos, especialmente en el Congreso, parecen haber renunciado al diálogo en favor de intereses partidistas, olvidando que su fin último es el bienestar de la ciudadanía y la integridad de nuestra "justa" democrática.

La próxima reforma electoral en México exige un consenso profundo y una escucha activa a la ciudadanía. No se trata únicamente de ajustar reglas técnicas, sino de responder a realidades que angustian a la sociedad. Por un lado, urge preservar el equilibrio de poderes para evitar la predominancia de una sola fuerza y garantizar la pluralidad. Por el otro, existe la imperativa necesidad de blindar las estructuras de gobierno frente al entorno de violencia y la injerencia del crimen organizado. Estas son las dos preocupaciones reales del pueblo y la reforma electoral debe empezar por escuchar sus visiones.

En este camino, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe evolucionar hacia una institución aún más sólida y capaz de proteger la voluntad popular frente a presiones ilícitas. Limitar sus recursos no puede formar parte de los argumentos del cambio; la reforma no debe simplificarse a un tema de costos, pues el precio de la democracia siempre será menor frente al costo social de perderla.

De igual forma, la democracia no puede reducirse a una disputa de mayorías legislativas ni a la consolidación de un proyecto político hegemónico. Al contrario, debe asegurar una representación fiel de todos los sectores, evitando que ninguna fuerza distorsione la voluntad ciudadana mediante ventajas artificiales. En este debate, la propuesta de eliminar las listas plurinominales para transitar a una votación directa de 500 diputados y 96 senadores genera una alerta genuina. Bajo este esquema, existe el riesgo de que el partido mayoritario acapare la representación, diluyendo la presencia de las minorías y silenciando la pluralidad que México ha construido por décadas. El rediseño debe evitar, a toda costa, que el sistema se convierta en un instrumento para fabricar mayorías artificiales que ignoren a millones de ciudadanos.

El blindaje contra el crimen organizado es el otro punto crucial de cualquier reforma. Si bien se menciona el control del financiamiento, el articulado debe ser explícito en la creación de mecanismos para detectar y sancionar la narcopolítica. Esto incluye facultades de investigación de oficio ante sospechas fundadas, filtros rigurosos para candidatos y causales claras de nulidad electoral cuando se compruebe la intervención delictiva. Blindar las urnas es proteger el derecho a decidir sin miedo.

Dentro de la propuesta presentada por la presidencia existen avances que deben reconocerse. La prohibición de heredar cargos públicos a familiares directos es un paso necesario contra el nepotismo, así como la eliminación de la reelección consecutiva a partir de 2030 y la restricción del financiamiento ordinario a partidos. Estas medidas, junto a la regulación del entorno digital, responden a un reclamo social de austeridad, evitar influyentísimos y evolución con tecnología.

En este escenario, el diálogo transformador no es una opción, sino una condición de legitimidad. Solo mediante un proceso deliberativo amplio podremos consolidar un sistema cuya fuerza provenga de un acuerdo social inquebrantable, y no de una imposición que desvirtúe la esencia de un México que debe seguir siendo de todos.

La reforma electoral debe incluir, por principio democrático, la participación directa de la ciudadanía.

Leticia Treviño es académica con especialidad en educación, comunicación y temas sociales, leticiatrevino3@gmail.com