Hace algunos años, cuando comencé a realizar la investigación para escribir mi libro Breve historia del Poder Judicial de la Federación, todo el tiempo estuvo presente en mi mente aquella frase del Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón: "Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario".

Está máxima que, a la sazón, también se convertiría en el epígrafe del libro, no solo guarda un significado especial, sino que además engloba la necesidad de que la justicia recobre su carácter ciudadano. La justicia no debe ser un privilegio ni un instrumento del poder; tampoco una idea lejana: debe ser un derecho al alcance de todas y todos.

Desde su origen, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha sido una institución clave en la construcción del Estado mexicano. Sin embargo, con el paso del tiempo, se volvió inaccesible para muchas personas, capturado por grupos de élite. La distancia entre las juezas, los jueces y el pueblo se volvió abismal. Por eso, abrir las puertas del PJF al escrutinio democrático representa un acto de justicia histórica.

Este domingo 1 de junio, millones de mexicanas y mexicanos hicieron historia. Por primera vez en nuestro país se llevó a cabo la elección directa de las y los jueces, magistrados y ministros. Esta jornada marcó un parteaguas en la estructura del PJF, así como en nuestra manera de concebir la justicia en una democracia.

Durante décadas, se nos hizo creer que el PJF tenía que mantenerse alejado de la política, como si la justicia no tuviera consecuencias políticas. Se nos impuso la idea de que la élite jurídica sabía más que el pueblo.

Sin embargo, este 1 de junio México demostró que confía en su gente. Ni la infodemia ni la desinformación impidieron que se viviera un ejercicio inédito en el país y en el mundo: más de 881 cargos federales y más de 2,000 locales en disputa, con la participación activa de 19 estados, y más de 3,000 personas observadoras nacionales e internacionales atestiguando el proceso.

Este proceso no fue solamente una elección, fue la oportunidad de transformar lo que no funciona, de combatir la impunidad, de acabar con la ilegalidad y de erradicar la corrupción. Fue, también, una apuesta de largo aliento y la posibilidad de sentar las bases de un PJF robusto, confiable y al servicio del pueblo.

No fue fácil llegar hasta aquí. La reforma judicial enfrentó impugnaciones, desinformación y ataques mediáticos. Pero no pudieron sabotear la voluntad popular. Una vez más, el pueblo demostró que, cuando decide participar, nada ni nadie puede detenerlo: el mérito de esta elección histórica es del pueblo de México.

Por eso, la postura de quienes llamaron a no votar estuvo, desde su origen, profundamente equivocada. Incluso, hubo sectores que, ante la falta de propuestas reales o argumentos sólidos, optaron por descalificar el proceso mismo.

También vimos una campaña de desinformación que buscó sembrar dudas respecto de las listas de apoyo. Este instrumento fue permitido legalmente para promover la participación ciudadana y se utilizó con responsabilidad; sin embargo, hubo casos en que lo restringieron sin sustento.

Es cierto: fue un modelo nuevo, perfectible, pero necesario en una democracia que se abre paso.

Pese a las resistencias, campañas negras, intentos de boicot y los prejuicios, se cumplió con el objetivo de empoderar al pueblo. Frente a los agoreros del desastre, se impuso la voluntad cívica. México vivió un día que quedará en la historia, en el que se rompieron viejos tabúes que afirmaban que no se podía tocar al PJF, como también se rompió en su momento la idea de que no podía aumentarse el salario mínimo.

Este 1 de junio se demostró que la democracia no se debilita por abrir espacios al pueblo; al contrario, se fortalece. Esta elección es el primer paso, y el mensaje es claro: cuando el pueblo elige, elige bien.

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