Es notorio que la regulación de la actividad entre el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de sus distintas dependencias administrativas centrales, unidades administrativas, organismos descentralizados de participación ciudadana, organismos descentralizados y fideicomisos con sus ciudadanos, se encuentran plasmados en distintos ordenamientos legales que, en la mayoría de sus ocasiones, causan incertidumbre en ellos, ya que contienen diversos procedimientos y medios de defensa que no son claros.

Esto ocasiona que dichos ordenamientos jurídicos, con frecuencia, no sean del todo completos para conocer los derechos con los que cuenta el ciudadano, el procedimiento que regula el trámite solicitado, o los medios de defensa que tienen en contra de las resoluciones que lleguen a emitir las autoridades administrativas, pues en muchas ocasiones se generan duplicidad de funciones, lentitud de estos trámites, así como inseguridad e indefinición, lo cual causa que los administrados se encuentren en una situación que les genere, por un lado, incertidumbre y, por otro, falta de claridad.

Resulta fundamental que los actos que realizan las autoridades administrativas se encuentren debidamente regulados en una legislación Estatal, a fin de garantizar que la autoridad actúe en el ámbito de su competencia y que los administrados puedan conocer con claridad y exactitud los pasos a seguir dentro de un procedimiento administrativo para que sus solicitudes sean debidamente atendidas.

Por ello, para agrupar los diversos procedimientos administrativos que hasta ahora se encuentran dispersos en las distintas legislaciones de la entidad, se propone la expedición de una sola ley que regule y ordene los principios administrativos contenidos en todas éstas, para que, por un lado, se contrarresten los elementos nocivos de la función administrativa y, por otro, generen certidumbre tanto en el actuar de la administración pública Estatal como en sus ciudadanos.

La ley que se propone expedir se intitula "Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Nuevo León".

Dicha ley regularía uniformemente la actuación de todas las dependencias de gobierno, lo que causaría uniformidad en sus procedimientos, se limitaría a que el usuario de dicha norma legal tenga a su alcance todos los principios, definiciones, procedimientos, deberes, obligaciones, plazos y medios de defensa, que regulan directamente el acto administrativo en las dependencias del Gobierno del Estado de Nuevo León.

El contar con esta ley, generaría seguridad jurídica en el gobernado y una regulación única en el actuar de la autoridad, evitando así la arbitrariedad de la administración y causando certeza en la defensa del gobernado.

Con dicha ley se pretende unificar y simplificar los largos y diversos procedimientos que actualmente lleva a cabo la administración pública Estatal desde hace muchos años.