La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy, anunció su transformación para entregar mejores resultados, principalmente con el fortalecimiento de las áreas enfocadas a combatir el crimen organizado y el rediseño de una estructura que apunta a la Secretaría de Seguridad, de Omar García Harfuch.

En el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 que Godoy envió la semana pasada al Senado prioriza los delitos que tienen más impacto social, por ejemplo, los relacionados con las organizaciones criminales. Ahí se identifican como delitos clave los relacionados con armas, patrimonio, hidrocarburos y narcóticos, que representan más del 60% de la incidencia a nivel federal.

También incluye la promesa de modernizar la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Héctor Elizalde Mora —uno de los colaboradores más cercanos a García Harfuch—, de tal forma que pueda consolidarse como aparato operativo federal y, al mismo tiempo, coordinarse con los cuerpos del Estado, incluso a nivel local, para llevar a buen término los procesos de justicia.

El diseño se conecta plenamente con la estrategia de Harfuch en Seguridad, al grado que se dice que el "supersecretario" estaría en realidad desempeñando dos funciones simultáneas: la de encargado de Seguridad y la de Fiscal, en un modelo parecido al que operaba en la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno.

En una reunión reciente del Gabinete de Seguridad, la presidenta Sheinbaum habría instruido de manera formal a la FGR no involucrarse en los temas relacionados con el crimen organizado, pues son competencia única de García Harfuch y su equipo de trabajo.

De manera pública la mandataria ha buscado impedir que la fiscal declare públicamente sobre casos de alto impacto, como ocurrió en una conferencia de prensa matutina a finales de marzo, cuando Sheinbaum pidió explícitamente a los periodistas no formular pregunta alguna a Godoy sobre asuntos que competen a la FGR, argumentando que la funcionaria sólo iba para presentar una propuesta de ley sobre la prevención y sanción del feminicidio.

Lo importante es que, de acuerdo con los resultados obtenidos, el modelo que operó en la capital del país con la mancuerna Godoy-Harfuch funcionó, por lo que se apuesta a una recreación de esta estructura para alcanzar resultados contundentes en el combate contra el crimen organizado. Es la promesa que se le hizo al pueblo de México y al gobierno de Estados Unidos.

Posdata

Y a propósito del nuevo plan de trabajo de la FGR, uno de los mandatos de la fiscal Godoy es reactivar expedientes que Alejandro Gertz Manero y sus fiscales dejaron guardados en el cajón. Uno de ellos tiene que ver con el empresario Raúl Beyruti Sánchez y varias razones sociales vinculadas a él.

Beyruti fue señalado por la FGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y cuenta con una orden de aprehensión reportada públicamente desde febrero de 2021. Han pasado más de cinco años sin que el caso se resuelva de fondo.

En su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora a cargo de Omar Reyes, confirmó la presentación de al menos ocho denuncias en coordinación con el SAT, tanto contra el propio Beyruti como contra empresas vinculadas a esquemas de subcontratación ilegal, evasión fiscal y dispersión de recursos. El entramado incluía razones sociales como Reforzando el Control del Capital Humano Zakir, Constructores de Sistemas Cosed, Administración Innovadora de los Empleados Thea, Apoyo e Innovación de tus Ideas y Jesfer Publicity.

Asimismo, se abrió una nueva carpeta de investigación por denuncias de autoridades y particulares por extorsión, fraude procesal y falsedad en declaraciones. En esta indagatoria se incluye a la empresa Dirección de Operaciones de Sistemas Novedosos, a Raúl Beyruti Sánchez como presidente del Consejo y al parecer también los abogados del despacho García Conde, entre ellos Andrea Paola Morales, Juan Carlos Puga, Fernando García Conde, Óscar Solís, Moisés Guzmán, Julio Frausto y Omar Salinas.

Posdata 2

El episodio de la semana pasada en San Lázaro terminó de colocar a Pedro Haces en la zona de mayor riesgo político. La denuncia del diputado morenista Gilberto Herrera, quien lo acusó de haberlo amenazado por exhibir un presunto desvío de 100 millones de pesos en la CATEM —el cual habría afectado a unos 500 trabajadores, entre docentes y pensionados del IMSS—, no es un choque menor entre legisladores. Más bien se ve como la confirmación de que el dirigente sindical ya genera conflicto dentro de su propio grupo parlamentario.

El problema para Haces no es solo este caso, sino la acumulación de muchos. Ahí están las denuncias por extorsión y violencia que han seguido a la CATEM en distintos estados, la amonestación formal del propio partido por intentar mezclar estructura sindical con afiliación política y los señalamientos por conflictos de interés en iniciativas legislativas. En el frente público, se han documentado acusaciones contra la organización en al menos seis estados —Coahuila, Durango, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua— por cobros indebidos, presión a empresas y presuntas extorsiones. En Durango, incluso, autoridades realizaron un cateo a instalaciones del sindicato como parte de investigaciones en curso, mientras que en el plano legislativo se cuestionó la iniciativa de cobranza delegada por posibles beneficios a empresas del entorno familiar de Haces.

En ese contexto, el nuevo diseño interno de Morena no juega a su favor. Con Luisa María Alcalde al frente del partido y Citlalli Hernández como responsable de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas, bajo la supervisión directa de Claudia Sheinbaum, el filtro para candidaturas se volvió más estricto. Ahora se buscará evitar perfiles que contaminen la marca del movimiento o que respondan a intereses paralelos. Haces encaja 100% en ese molde.

Por eso su reelección como diputado federal en 2027 no está garantizada, y menos aún el proyecto de su hijo, Pedro Haces Lago, para competir por la alcaldía de Tlalpan. La elección intermedia será la primera gran prueba de control político de la presidenta sobre su partido. Ahí se verá si se abre paso a una depuración de figuras incómodas o si, como en el pasado, los otros liderazgos le juegan fuercitas a Sheinbaum. Y si Morena decide cerrarle la puerta, aún queda otro escenario sobre la mesa. Que Pedro Haces intente sobrevivir políticamente por la vía de los aliados, ya sea el Verde o el PT, lo que pondría a prueba su capacidad de negociación y el alcance real del control que hoy busca ejercer Sheinbaum sobre todo el bloque oficialista.