Crece la controversia por la licitación de la credencial del INE

Las empresas interesadas en la licitación para la producción de la credencial para votar del periodo 2026 a 2031 intensificaron sus cuestionamientos hacia los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que algunos de ellos podrían favorecer a competidores con menor experiencia técnica en la fabricación de documentos de alta seguridad.

Diversas compañías señalaron que las condiciones planteadas en las bases de participación no garantizan un piso parejo, pues —afirman— permiten que firmas que no cuentan con historial sólido en este tipo de proyectos puedan cumplir con los parámetros solicitados. 

De acuerdo con representantes del sector, producir una credencial de elector implica procesos especializados de impresión, tecnología antifraude y estrictos controles de calidad que no todas las empresas están capacitadas para ofrecer.

Por otro lado, algunas participantes advirtieron que ciertos requisitos podrían beneficiar al proveedor actual, quien busca renovar el contrato para seguir a cargo de la elaboración de las credenciales durante los próximos cinco años. 

Según estas compañías, los criterios técnicos y de infraestructura serían difíciles de alcanzar para nuevos aspirantes, lo que pondría en desventaja a quienes intentan competir por primera vez.

Las empresas inconformes pidieron al INE revisar nuevamente los términos de la licitación con el fin de asegurar condiciones de competencia equitativas y garantizar que el proceso cuente con total transparencia.

Subrayaron que la credencial para votar es el documento de identificación más utilizado en el país, por lo que su fabricación debe adjudicarse bajo los más altos estándares de seguridad y mediante un proceso abierto y confiable.

Hasta el momento, el INE no ha anunciado modificaciones a las bases, pero afirmó que todas las observaciones hechas por los participantes serán analizadas de manera formal dentro de los plazos establecidos. 

Mientras tanto, la disputa por obtener el contrato —uno de los más relevantes del organismo electoral— continúa generando tensión entre las empresas involucradas.

Las compañías también expresaron preocupación por los tiempos establecidos en el procedimiento, pues consideran que algunas etapas se acortaron en comparación con licitaciones anteriores, lo que dificulta preparar propuestas técnicas detalladas.

 A su juicio, esto podría limitar la participación y reducir la posibilidad de una verdadera evaluación competitiva.

Expertos en procesos de contratación pública señalaron que, debido al impacto nacional de la credencial de elector, la licitación requiere una vigilancia exhaustiva y mecanismos de transparencia reforzados. Advirtieron que cualquier señal de favoritismo o falta de claridad podría derivar en impugnaciones y retrasos que afectarían los plazos para la producción del nuevo modelo de credencial.