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Declara SCJN inconstitucional cobro de 2% a apps de reparto

Declara SCJN inconstitucional cobro de 2% a apps de reparto
Las aplicaciones de entrega de comida están impulsando el crecimiento de los restaurantes locales en México.

Publicación:20-06-2025

TEMA: #SCJN  

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Las aplicaciones de entrega de comida están impulsando el crecimiento de los restaurantes locales en México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el cobro del 2% que el Gobierno de la Ciudad de México impuso a las plataformas o aplicaciones digitales de entrega o recepción de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía, al determinar que el Congreso local no tiene facultades para legislar sobre comercio electrónico ni imponer este tipo de contribuciones.

Por tres votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte amparó a una empresa que ofrece servicios de entrega por aplicación contra el impuesto establecido cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, era jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Un juzgado le concedió el amparo a la empresa, pero el Gobierno de la CDMX impugnó la decisión y argumentó que se trataba de un "aprovechamiento" por el uso de calles y vialidades.Por ello, el caso llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte, que validó la sentencia del juez de amparo y concluyó que el cobro sí es un impuesto.

La decisión protege el principio de legalidad y evita que los gobiernos locales impongan cobros fuera de lo que les permite la Constitución.

El fallo de la SCJN sienta un precedente importante para el comercio electrónico en México, al delimitar claramente las competencias de los gobiernos locales en materia fiscal y evitar la imposición arbitraria de gravámenes que puedan afectar el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios digitales. 

Además, refuerza la protección jurídica de las empresas que operan en el sector digital, promoviendo un marco regulatorio más claro y justo.

Expertos en derecho constitucional y comercio digital celebraron la resolución, pues consideraron que contribuye a fomentar la competitividad y la inversión en el país, evitando que los gobiernos locales generen cargas impositivas adicionales que podrían traducirse en mayores costos para los consumidores y una posible reducción en la oferta de servicio.

 



« El Universal »