Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de Leidy y Alexa

A seis meses del asesinato de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, en Sinaloa, presuntamente por militares, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), destacó que los seis elementos involucrados se encuentran en la prisión de Mazatlán, Sinaloa.

A pregunta expresa en conferencia de prensa presidencial, el general secretario resaltó que tras este hecho, de inmediato se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República (FGR) y también en la Fiscalía General de Justicia Militar.

Indicó que la FGR es quien lleva el seguimiento a este caso.

"Se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República de inmediato, y también con la Fiscalía General de Justicia Militar.

"En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión; se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados. Y la Fiscalía General de la República lleva el seguimiento por el tema del homicidio en donde se vieron afectadas las dos niñas. Esa es la situación", explicó.

Este martes, a seis meses de la ejecución de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, en Badiraguato, Sinaloa, presuntamente a manos del Ejército mexicano, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) lamentó que no existan avances sustantivos en la investigación civil y que se mantengan abiertas indagatorias paralelas en el fuero militar.

Organizaciones civiles han insistido en que la investigación debe mantenerse bajo jurisdicción civil para garantizar imparcialidad y transparencia, ya que consideran que el fuero militar podría obstaculizar la rendición de cuentas. 

Asimismo, han pedido que el caso sea un precedente para revisar los protocolos de uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Familiares de las víctimas y colectivos en defensa de los derechos humanos realizaron actos simbólicos en Sinaloa para exigir justicia y recordar a las menores.

 También solicitaron a las autoridades federales y estatales acelerar las investigaciones y asegurar que los responsables reciban una sanción conforme a la gravedad del delito.

El caso generó indignación nacional y ha reavivado el debate sobre la participación del Ejército en labores de seguridad pública. 

Diversos especialistas han señalado la necesidad de fortalecer los controles civiles sobre las fuerzas armadas y garantizar que sus integrantes respondan ante tribunales civiles cuando se trate de violaciones a derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que mantiene abierta una investigación sobre los hechos y que dará seguimiento a las resoluciones judiciales para verificar que se respete el debido proceso y los derechos de las familias afectadas.